a semana pasada la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, envió al legislativo de su país una propuesta de ley para cambiar a Buenos Aires la sede de los pagos de deuda externa, que actualmente se encuentra en Nueva York, y recuperar, de esa manera, el manejo de los pasivos internacionales de la nación, actualmente bajo la jurisdicción de los tribunales estadunidenses. De ese modo la Casa Rosada intenta resolver el conflicto creado por el puñado de firmas de inversión, operadoras de los denominados fondos buitres, que rechazó las restructuraciones de la deuda externa emprendidas en 2005 y en 2010, por medio de las cuales el país austral logró importantes reducciones en los pasivos internacionales que asfixiaban su economía.

Cabe recordar que esa pequeña fracción de los acreedores de Argentina se negó a recibir los pagos proporcionales acordados, que interpuso un recurso legal en un tribunal estadunidense y éste resolvió, el pasado 30 de julio, exigir a Buenos Aires considerar el total de la deuda a los especuladores demandantes y prohibió los pagos al resto de los tenedores de bonos –la gran mayoría– que se cumplían puntualmente en Nueva York.

El gobierno de la nación sudamericana no podía, desde luego, aceptar el fallo de la corte de Estados Unidos porque ello sentaría un precedente que echaría por tierra las renegociaciones de 2005 y 2010, dando margen a que la totalidad de los acreedores exigiera la totalidad de las deudas originales, lo que llevaría a Argentina, a su vez, a un total colapso financiero. Ante la imposibilidad de cubrir los vencimientos de deuda en territorio estadunidense, la presidenta Fernández de Kirchner ha presentado al congreso de su país la referida propuesta de ley, no para evadir los pagos, sino para hacerlos posibles.

El asunto pone en primer plano la vulnerabilidad de países como Argentina, y como el nuestro, que ha colocado grandes cantidades de bonos en mercados financieros extranjeros, toda vez que, con ello, se han puesto a merced de especuladores oportunistas e inescrupulosos que se amparan en tribunales de otros países para tratar de sacar un provecho desmesurado e ilegítimo de las vicisitudes económicas coyunturales.

En esta perspectiva, la propuesta de la mandataria sudamericana constituye un intento por recuperar la soberanía financiera de su país y debe, por ello, recibir el respaldo decidido y efectivo del resto de los gobiernos latinoamericanos. En una perspectiva más amplia, es claro que ningún país debe someter el futuro de su economía a los designios de un juez foráneo y la comunidad internacional tiene el desafío de constituir mecanismos más responsables y ecuánimes que los tribunales estadunidenses para resolver las diferencias financieras entre acreedores privados y gobiernos.

Por lo que hace a México, resulta inevitable preguntarse si la actual administración ha ponderado los peligros de endeudar al país a un ritmo de mil 622 millones de pesos diarios, como lo ha venido haciendo desde el principio de este sexenio, hasta llevar la deuda pública interna y externa a un monto total de 6 billones 229 mil 177 millones de pesos, lo que representa una deuda por persona de 55 mil pesos. Si a ello se agrega la pérdida de soberanía que conlleva la entrega de los recursos naturales a consorcios energéticos extranjeros, como consecuencia de la aplicación de las reformas privatizadoras recientemente aprobadas, es indudable la necesidad de un cambio de rumbo en la conducción de las finanzas nacionales.