El llamado de la organización Human Rights Watch al gobierno mexicano para que esclarezca el supuesto fusilamiento de 22 personas a manos del Ejército a finales de junio pasado en el municipio de Tlatlaya, estado de México, es una muestra de la gravedad de este presunto delito, el cual marcaría el inicio de una época de terror contra la población civil en caso de ser confirmado, señalaron activistas de organizaciones sociales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) empezó una investigación por los presuntos abusos contra habitantes del municipio de Cadereyta, Nuevo León, quienes resultaron afectados por el derrame de hidrocarburo proveniente de la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, de Pemex, y que contaminaron las aguas del río San Juan. De acuerdo con información publicada en los medios de comunicación, subrayó el organismo, el derrame ocurrió desde el pasado 17 de agosto, a 15 kilómetros de la refinería, y pudo detectarse luego de que a lo largo de cinco kilómetros se observaron manchones negros que cubrían gran parte del afluente, los cuales podrían afectar el agua de la presa El Cuchillo, donde desemboca. Por lo anterior, se ordenó el traslado de visitadores adjuntos para recabar información y atender de inmediato las quejas de los afectados.

En su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) prevé destinar al pago de salarios y prestaciones 534.6 millones de pesos, lo que representa 59.8 por ciento del total solicitado a la Federación, que asciende a 893.2 millones.