El derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, ácido sulfúrico y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, es un desastre medioambiental y una violación a los derechos humanos de las comunidades y pueblos que viven en las márgenes del río o sobreviven de él, expuso el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación (SG), Jaime Martínez Veloz.

Las afecciones graves a la salud de los sonorenses, la escasez de agua para uso diario y cultivos constituyen una espiral de daños que la minera debe subsanar en el contexto del respeto a las leyes de protección al medio ambiente y, sobre todo, a los derechos humanos de los pueblos.

El derrame muestra otro hecho: el uso de sustancias altamente contaminantes para el agua, el subsuelo y en general todo el medio ambiente de las zonas donde hay este tipo de minería que viola las leyes nacionales e internacionales, como el sulfato de cobre acidulado, que se usa para procesos de lixiviación, y que como ha ocurrido en Sonora, provoca enfermendades a la población, además de afectar la flora y ocasionar la muerte de ganado y la suspensión de actividades básicas, como el comercio y las clases, señaló.

El contexto en que ocurrió el desastre propiciado por la filial de Grupo México se agrava. En Sonora persiste el reclamo legítimo del pueblo yaqui sobre su derecho al agua, respaldado con resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Impunidad con Fox y Calderón

“Se deben revisar las reglas de la minería. Es una actividad importante que tiene que ser detonadora de las economías locales, pero para ello debe tener reglas más estrictas y claras en cuanto al consentimiento de los pueblos y planes de sostenibilidad. Hasta el año pasado que el gobierno actual gravó esa actividad, no pagaba los impuestos que le correspondían, por exenciones o convenios, como el de la doble tributación que firmó el ex presidente Felipe Calderón para favorecer a las firmas canadienses, permitiéndoles que no pagaran impuestos en México si lo hacían en su país de origen.

Eso es sólo una muestra de cómo algunas empresas se beneficiaron de exenciones fiscales, concesiones, cesiones de territorio de manera irregular y gozaron de impunidad en los años 2000 a 2012, con Fox y Calderón, dijo en entrevista el funcionario.

En esos años se entregaron más de 26 mil concesionesen más de 31 millones de hectáreas, según cifras oficiales. Esa área se puede incrementar si se contabilizan las renovaciones y las extensiones que por motu proprio hacen las empresas sin permiso de la autoridad.

Sólo en entre 2000 y 2012 la minería privada produjo casi 420 toneladas de oro, el doble de las generadas en más de tres siglos de la Colonia (190 toneladas). De 2007 a 2012 obtuvo una ganancia de 693 mil 66 millones 900 mil pesos, de los cuales pagó por concepto de derechos al Estado sólo 15 mil 231 millones 435 mil, cifra equivalente a 2.2 por ciento del valor total, como documentan cifras de la Auditoría Superior de la Federación.

“De estas ganancias, los pueblos no recibieron casi nada, o nada, pero sí deben asumir el daño medioambiental y en muchas ocasiones los conflictos sociales ocasionados por la violación de las leyes nacionales, y en el caso de las comunidades indígenas, los tratados y convenios internacionales.

Por ello, el papel de Semarnat, Conagua y Profepa en este caso es acertado. Cuando terminen la investigación se sabrá con exactitud los montos de las multas que se impondrán a la empresa, además de los costos de la reparación del daño y saneamiento. Asimismo, debería pagar una indemnización a todos los afectados. Considero que no se debe dejar de lado el punto de acuerdo por el que se pronunció la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que pide que se cancele la concesión a la empresa.