El consorcio Grupo México, propiedad de Germán Larrea, acumula una lista de muertos y accidentados en todas sus unidades mineras, ya que a la explosión en Pasta de Conchos –en el estado de Coahuila–, donde fallecieron 65 trabajadores, se han sumado decenas de accidentes ocurridos ante la ‘‘falta de seguridad’’ en las minas de esta empresa.

Sin embargo, estos hechos han quedado en la impunidad y no hay una sola persona consignada; el corporativo sólo ha pagado multas ‘‘irrisorias’’, señala la organización Familia Pasta de Conchos, la cual ha llevado a cabo campañas como ‘‘Una cuerda de vida para rescatar a los muertos’’, entre otras.

Esta organización documentó casos como las muertes de Cristian Alberto Hernández Pardo e Isidro del Ángel Hernández, en Nacozari, en 2006, donde luego sobrevino la eliminación del contrato colectivo y el cierre unilateral de la mina.

Tan sólo este año fallecieron cinco mineros más en la mina de Grupo México en Charcas, San Luis Potosí, el pasado 12 de febrero, donde los trabajadores perdieron la vida por la ruptura de los cables guías de una calesa.

Pocitos, crimen laboral

Además, hubo otro siniestro en una empresa denominada Alva Ram de Aguijita, que estaba contratada por Grupo México para extraer carbón; sin embargo, este corporativo se deslindó de los hechos. Según ha documentado Familia Pasta de Conchos, este grupo incluso está comprando el carbón de los llamados pocitos, donde se han generado un sinnúmero de muertes y de accidentes, los cuales quedan en la impunidad total porque no hay responsabilidad laboral para con los trabajadores.

La organización indica que las constantes en todos los accidentes en las minas de Grupo México son que las muertes quedan en el olvido, las sanciones que le impone la autoridad son ‘‘irrisorias’’ y no se modifican las condiciones de seguridad e higiene de las minas.

Recordó que la muerte de los 65 mineros de Pasta de Conchos se debió a una explosión por las altas concentraciones de gas metano. Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo han señalado las responsabilidades penales de la empresa, la cual ‘‘ocultó información, engañó y mintió sistemáticamente a sus accionistas, a la sociedad, a los deudos y a las autoridades competentes’’.