a Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió ayer un exhorto unánime dirigido al gobierno de Sonora, a las secretarías de Economía (SE) y Medio Ambiente (Semarnat), así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que se suspendan las actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, en tanto se evalúan los daños por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi. Asimismo, el órgano legislativo instó a la SE a que cancele la concesión mediante la cual la empresa referida opera en Cananea, demandó a la Conagua que presente las denuncias penales correspondientes y pidió al Ejecutivo federal que investigue si la empresa Buenavista –filial de Grupo México– operó sin cumplir la ley, y que se indemnice a los habitantes de Sonora por los perjuicios sufridos a consecuencia de la gravísima contaminación causada por el derrame.
El exhorto de la Comisión Permanente, necesario y correcto en sí mismo, resulta, sin embargo, tardío e insuficiente. Tardío, porque desde hace años se ha documentado el desdén del consorcio empresarial mencionado para con la vida de sus trabajadores, la seguridad de la población y las leyes. Insuficiente, porque el desastre ambiental provocado en Sonora no es la única muestra de la irresponsabilidad empresarial de Grupo México: toda referencia a esa corporación obliga a recordar, por ejemplo, el accidente en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, ocurrido el 19 de febrero de 2006, en el que murieron 65 mineros, y que de acuerdo con la información disponible fue causado por la renuencia de la empresa a observar las medidas de seguridad laboral reglamentarias y por la obsecuencia de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entonces encabezada por Francisco Javier Salazar.
Antes de esa tragedia los trabajadores mineros al servicio de Grupo México realizaron 14 huelgas en demanda de incrementos salariales, pero también para pedir que la patronal revisara las medidas de seguridad y salud en los socavones.
Diversas voces de distintos sectores han señalado la desmedida ambición que caracteriza las operaciones de Grupo México, encabezado por Germán Larrea, poseedor de una de las principales fortunas del país. Particularmente crítico ha sido el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, cuyos agremiados han sido los principales y tradicionales afectados por una corporación que, según expresó el sindicato esta semana, ‘‘sólo lleva destrucción y muerte’’ a las zonas en las que opera concesiones.
Desde luego, los percances personales, laborales, sociales y ambientales no habrían sido posibles sin autoridades omisas y hasta cómplices que han fallado en su obligación de garantizar que la empresa de Larrea no ponga en riesgo la vida y la salud de sus propios empleados y de las poblaciones y la integridad del medio ambiente.
En términos más generales, el caso de Grupo México es ilustrativo de la impunidad legal con la que suelen operar las empresas de todo género y la necesidad de emprender modificaciones jurídicas orientadas a corregir una aberración que, ciertamente, no es exclusiva de México: en rigor, y a diferencia de las personas físicas, las personas morales prácticamente no son imputables ante la ley. Como expuso hace unos años el documental The Corporation (La corporación), de Mark Achbar y Jennifer Abbott, ninguna empresa en el mundo es sentada en el banquillo para que responda por fraudes, homicidios o desastres ambientales, a pesar de que esas acciones sean resultado de sus estrategias corporativas. El sistema legal vigente personaliza las responsabilidades en directivos o empleados específicos, pero, salvo casos verdaderamente excepcionales, se abstiene de desarticular empresas que son por sí mismas peligrosas para sus trabajadores y sus consumidores, para la sociedad, la economía y el entorno.
