l impresentable cuan impune empresario Germán Larrea tardó, pero tanto insistió, que finalmente lo consiguió: tirios y troyanos se han declarado en su contra, y hasta la clase política (no sin antes lavarse las manos) pide ahora –así sea de dientes para afuera– su cabeza por el ecocidio cometido por Grupo México en el estado de Sonora.

Muchas son las pillerías cometidas por el empresario (contra el erario, la ecología, la población, los trabajadores y mucho más), pero lo recientemente sucedido en Sonora de plano terminó por desnudarlo, por si alguien todavía dudara de la calidad de este magnate. Y tan encuerado quedó que hasta la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo (promovido por el PRI) mediante el cual exhorta a la autoridad a que cancele la concesión otorgada a Grupo México, con relación a la mina Cananea, a consecuencia del daño ecológico y el riesgo inminente a que fueron sujetas la población y la flora y fauna ribereñas, con motivo del derrame de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.

Los medios tradicionalmente benévolos, e incluso incondicionales, con este empresario se han visto en la penosa necesidad de reconocer la responsabilidad de Larrea y su Grupo México en el citado ecocidio. Las autoridades federales y estatales, siempre solícitas con el magnate, muy a su pesar debieron hacer pública la tragedia y pronunciarse en contra del corporativo. Y ahora los diputados y senadores que integran la Comisión Permanente, luego de darse un baño de rosas, se pronunciaron en el sentido que se menciona líneas arriba.

Todos en contra, salvo la Secretaría de Economía, legalmente responsable de otorgar las concesiones mineras, la cual a dos semanas de la tragedia no ha dicho ni pío. Aquí cabe preguntarse: ¿cómo fue que Germán Larrea y su Grupo México impunemente llegaron hasta donde lo han hecho? Obvio es que a golpe de billetazos y con el apoyo de políticos, autoridades federales y estatales, Poder Judicial y demás instancias presuntamente encargadas de velar por los intereses de la nación y de sus habitantes. Pero ahora que el cohete reventó, todos se lavan las manos, se vacunan antes de que el virus se propague, y se pronuncian contra el ecoloco.

¿Dónde estaban todos ellos cuando Larrea arremetió brutalmente en contra de los trabajadores en Cananea, utilizando para ello al Ejército y la Policía Federal, que el gobierno les prestó para tal fin? ¿Dónde, al registrarse el homicidio industrial en Pasta de Conchos, en el que murieron 65 mineros, y el gobierno federal de un plumazo canceló el rescate y arremetió en contra de los deudos y del sindicato de trabajadores para proteger los intereses del magnate? ¿Dónde, en fin, en tantos y tantos casos, en los que la autoridad lo encubrió, mientras la nueva Ley Minera prometida y comprometida en el Pacto por México brilla por su ausencia?

Esta última, por cierto, prometió transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable, que revisaría el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Además, los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector. ¿Dónde quedó?

El citado punto de acuerdo dice así: “la Comisión Permanente exhorta al gobierno del estado de Sonora, a las secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que con base en sus atribuciones decreten la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se evalúen los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.

“Exhorta a la Secretaría de Economía para que ordene la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México, con relación a la mina Cananea, a consecuencia del daño ecológico y el riesgo inminente a que fueron sujetas la población y la flora y fauna ribereñas, con motivo del derrame de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.

“Exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus funciones formule las denuncias correspondientes ante el Ministerio Publico, así como también a la Procuraduría General de la República para que se realicen las investigaciones a que haya lugar, con el objeto de que se apliquen las penas correspondientes por los daños ecológicos que se generaron por el mal manejo de las sustancias químicas que se derramaron al Río Sonora.

Exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que decida la creación de una comisión especial, que dé seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora. Y lleva la firma de todos los grupos parlamentarios. Ahora el chantajista empresario ha recibido una buena ayudadita para que cumpla una de sus más recientes amenazas, es decir, retirar inversiones de México porque aquí nadie lo comprende, le cobran mucho y gana muy poco.

Como siempre, el problema es que, de crearse, esa nueva comisión especial corre el riesgo de hacer exactamente el mismo ridículo que muchas otras instituidas con fines similares, como aquella pomposamente denominada Comisión especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la ina Pasta de Conchos, la cual, ocho años después lo único que logró fue mantener impunes a Larrea y al Grupo México, abandonados a los deudos e insepultos a los mineros muertos.

Las rebanadas del pastel

Y en Cananea, integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros que preside Napoleón Gómez Urrutia, bloquearon pacíficamente los principales accesos a la mina Buenavista del Cobre, que no es otra que la histórica mina de esa población, para apoyar a los habitantes afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, exigir la reparación del daño y solicitar al gobierno federal la creación de una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, con el fin de exigir acciones concretas y definitivas en contra de los responsables. A ver si ahora sí la autoridad actúa como tal.

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