La homologación del impuesto al valor agregado (IVA) a escala nacional, al aumentar de 11 a 16 por ciento en la zona fronteriza, no viola el principio de equidad tributaria, consideró la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al continuar ayer la discusión de la acción de inconstitucionalidad con la que diputados y senadores de oposición pretendieron invalidar parte de la miscelánea fiscal para este año que igualó el cobro del citado impuesto a nivel nacional, dejando atrás la disposición del año 1996 en la que el Congreso aprobó el pago diferenciado del IVA en la franja fronteriza, con el visto bueno de la propia SCJN, la mayoría de ministros se sumó al proyecto que valida el incremento del citado impuesto.

Aun cuando la discusión continuará el jueves, una vez que la mayoría de los ministros fijó su postura, es cuestión de oficializar la decisión favorable al Ejecutivo federal y a la mayoría parlamentaria que derogó la disposición que fue establecida justamente en sentido contrario en 1996, cuando la propia Corte consideró que el cobro diferenciado del IVA en la zona fronteriza era constitucional.

José Ramón Cossío Díaz planteó infructuosamente al pleno que se analizara la razonabilidad del cambio de tasa impositiva.

El ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán es el único que se ha pronunciado por declarar inconstitucional dicha homologación. Comentó que cuando una norma tributaria es de primera creación, no siempre procede que la Corte analice su constitucionalidad, pero cuando hay una primera (ley), y ésta genera un régimen jurídico especial para toda la República, y hay un cambio (como homologar el IVA), existe una modificación sustancial. Si luego hay un cuestionamiento mediante una acción de inconstitucionalidad, lo que puede hacer y lo que debe hacer la Corte es evaluar esas razones sobre la base de lo primeramente dicho.

La mayoría, sin embargo, consideró que al no haber razones para considerar que la homologación del IVA viola algún derecho humano, entonces no hace falta analizar si la decisión de los legisladores fue razonable o no.

Jorge Pardo Rebolledo apuntó que incluso si el pleno decidiera entrar al análisis del tema, el examen de las razones que llevaron a la Cámara de Diputados a elevar el IVA en la frontera tendría que ser laxo, porque la Corte no puede intervenir en analizar las razones por las cuales los legisladores resolvieron incrementar un impuesto, porque se trata de un poder distinto, que actúa bajo el marco de su competencia y en un ámbito de libertad configurativa.