A 20 años de la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado mexicano ha desarrollado una gran cantidad de leyes y organismos especializados para dicho fin, pero no los ha dotado de los recursos suficientes para hacerlos efectivos, por lo que los feminicidios y otras formas de violencia continúan ocurriendo en una impunidad casi total.

Lo anterior lo afirmó la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, quien lamentó que en muchos países del continente no sea una prioridad la búsqueda de condiciones dignas de vida para las mujeres ni se tomen acciones urgentes para detener las agresiones en contra de este sector vulnerable de la sociedad.

Durante su participación en el foro Violencia contra las mujeres en México: Retos y pendientes para cumplir con las obligaciones internacionales en la materia, Robinson destacó que la Convención Interamericana para Erradicar la Violencia –conocida como Convención de Belém do Pará, por la ciudad brasileña donde se firmó en 1994– es un logró histórico que por desgracia aún no se ha llevado a la práctica de forma cabal.

Aunque la abogada jamaiquina saludó el hecho de que hayan surgido múltiples leyes y organismos gubernamentales en toda América para tratar de remediar el fenómeno creciente de la violencia contra las mujeres, al mismo tiempo subrayó que estos mecanismos no han tenido el suficiente apoyo de las autoridades para plasmarlas en la realidad.

Sigue habiendo una gran distancia entre las leyes formales en los libros y las políticas que se han implementado para cambiar la vida de las mujeres en el continente. Seguimos encontrando ineficiencia judicial en cada etapa de la procuración de justicia, y eso genera una impunidad sistémica contra las mujeres, indicó la funcionaria.

Leyes débiles

Además de lo anterior, dijo, muchas leyes no han sido puestas en marcha de forma adecuada, tienen mecanismos de evaluación y monitoreo muy débiles y no hay estadísticas disponibles o confiables para conocer la magnitud de la violencia contra la población femenina.

En este sentido, Robinson explicó que las mujeres más expuestas a sufrir abusos son las que tienen menores recursos económicos y/o viven en el campo, las indígenas, las afrodescendientes, las jóvenes, las lesbianas y transexuales, las que viven una situación de conflicto o desastre en sus países y las defensoras de derechos humanos.

Frente a dicho escenario, la respuesta más frecuente de los estados es tratar de resolver el conflicto mediante compensaciones económicas, pero no con una investigación que lleve a sancionar a los responsables de un abuso y a garantizar medidas de no repetición del agravio, lo cual ha provocado que el nivel de la violencia contra mujeres siga siendo alarmantemente alto.