A cuatro años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, aún no hay justicia, pero sí familias que siguen sufriendo porque no obtienen respuestas de las autoridades, coincidieron en señalar defensores de derechos humanos que participaron en la presentación del dictamen preliminar sobre el caso que hizo el Tribunal Permanenente de los Pueblos (TPP).

El sacerdote Alejandro Solalinde señaló que no tuvimos piedad de estos 72 migrantes ni de los otros miles que han muerto. Todo tiene sus consecuencias, y lo peor está por venir. Pueden esperar pronto un estallido social en Centroamérica, pues es terrible lo que está pasando, y ni así (las autoridades) humanizan nuestro sistema regional de gobierno, ni dejan de dar prioridad a los intereses del capital sobre la seguridad humana.

Las autoridades necesitan presión nacional e internacional para actuar, pues sin ella son omisas de sus responsabilidades, opinó Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora e integrante del jurado del TPP.  

En conferencia en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, sostuvo que el Estado mexicano debe procesar a los responsables, castigarlos y reparar el daño a las víctimas. Los procesos penales siguen abiertos, y el Estado mexicano debiera indemnizar a los familiares de las víctimas identificadas de San Fernando.

Las conclusiones adelantadas señalan que las autoridades de México, Estados Unidos y de las naciones de origen de los migrantes comparten la responsabilidad de una política de persecución y exterminio de personas, por fallar en sus obligaciones referentes a la prevención de las violaciones generalizadas a los derechos de los migrantes.

También afirman que el gobierno estadunidense es responsable por los efectos derivados de la imposición del libre comercio en México y Centroamérica, así como de la militarización de la frontera.

Las fosas clandestinas, los asesinatos, secuestros, redadas, amenazas, criminalización, militarización de las fronteras y acoso contra migrantes, defensores de indocumentados, albergues y caravanas en todo el país configuran, de acuerdo con el TPP, la política de persecución y exterminio contra las personas en tránsito, tanto de México como de otros países.

Estas conclusiones pretenden sentar las bases para someter a juicio internacional a las autoridades de los países mencionados.

La situación se agrava para quienes pasan por el país, de acuerdo con Jorge Bustamante. En entrevista realizada luego de la presentación, el ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos de las y los migrantes en México y actual consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que los secuestros y extorsiones se mantienen, y que lo que las autoridades hacen es sólo retórica.

Además, han realizado redadas para impedir que los migrantes aborden el tren denomindado La Bestia. Hay omisión del Estado y del gobierno, específicamente de la Secretaría de Gobernación. Por su parte la sociedad civil mexicana no está actuando. Debemos presionar para que haya costos políticos por la inacción del gobierno, sostuvo.

En la presentación también participaron Clemencia Correa, de Acompañamiento Sicosocial; Laura Carlsen, del programa Américas Center for Internacional Policy-CPI; Camilo Pérez Bustillos, del Eje sobre Migración del Capítulo México del TPP; Óscar Martínez, autor de Los migrantes que no importan, y Wilner Metelus, del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afro-Mexicanos, entre otros.