Buenos Aires, 20 de agosto.

El gobierno argentino envió la noche del martes un proyecto de ley al Congreso que fija abonar en el país a los tenedores de bonos de su deuda, ante el bloqueo judicial de los pagos en Estados Unidos tras un juicio ganado por fondos especulativos, anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para salvaguardar el cobro a 93 por ciento de los acreedores que adhirieron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 se designa al Fideicomiso Banco Nación (estatal) en remplazo de la sede de pago del Banco de Nueva York Mellon, sin perjuicio de lo que decidan los tenedores de bonos. Es una medida voluntaria, dijo la mandataria en un discurso emitido por radio y televisión.

Fernández de Kirchner sostuvo que “los fondos especulativos son conocidos como buitre, justamente porque no quieren negociar”, y reveló que han fracasado hasta bancos privados en conversaciones para superar el conflicto. Por ello, Argentina también propone al 7 por ciento que no aceptó los canjes poder cobrar en Buenos Aires, donde empezará a hacer depósitos de los vencimientos de la deuda restructurada.

La mandataria volvió a acusar al juez del distrito sur de Nueva York, Thomas Griesa, de haber emitido un fallo “ilegal, en exclusivo beneficio de los fondos buitre”, al dictaminar que Argentina debe pagarles el ciento por ciento de una deuda de mil 330 millones de dólares, so pena de bloquearle todo otro pago a tenedores de bonos que aceptaron la restructuración, tal como sucedió el 30 de julio pasado.

La mandataria calificó de usura intentar el cobro del ciento por ciento de una deuda, lo que implica en este caso intereses de mil 680 por ciento, algo absolutamente impagable.

Fernández anticipó que el próximo pago de la deuda restructurada por 200 millones de dólares, si logra el aval del Congreso, lo hará en la fecha prevista del 30 de septiembre en el fideicomiso que formará en la capital argentina.

Argentina le quitará a la vez el poder de agente de pago al Banco de Nueva York, donde el juez Griesa mantiene bloqueados 539 millones de dólares de bonos restructurados, en represalia por el incumplimiento de su sentencia, situación que las calificadoras de riesgo llevaron a declarar a Argentina en “default selectivo”.

Impide Corte de EU pago a inversionistas

Horas antes del anuncio de la presidenta Cristina Fernández, Citigroup dijo a una corte de apelaciones de Estados Unidos, que supervisa una disputa entre Argentina y fondos de cobertura que rechazaron restructuraciones de su deuda, que su licencia bancaria en Argentina puede estar en riesgo como resultado del conflicto.

Una orden del juez de distrito de Estados Unidos, Thomas Griesa, impide a Citibank Argentina distribuir los pagos que reciba del país para inversionistas de bonos restructurados y que se rigen por la legislación argentina. El gobierno exigió al banco que cumpla con las obligaciones que impone la ley local.

Citi espera recibir unos 5 millones de dólares de Argentina antes de que se cumpla el plazo para el pago de un cupón el 30 de septiembre.

El país depositó en junio 539 millones de dólares para cumplir con sus pagos con los acreedores restructurados, en las cuentas de Bank of New York Mellon.

Citigroup dijo en una presentación a la corte la tarde del lunes que las órdenes judiciales sobre el país podrían provocar la pérdida de sus licencia bancaria en Argentina y una toma de control por parte del Estado.

Argentina representa una pequeña parte del negocio de Citigroup. La exposición total al país a fines de junio, en préstamos y valores, era de 2 mil 700 millones de dólares, lo que se compara con 1.9 billones de dólares de activos totales del grupo en el mundo, según un reporte del banco al regulador.

En tanto, el diario New York Post reportó el martes que Paul Singer, jefe de Elliott Management, uno de los fondos que lideró la demanda contra Argentina, intenta ampliar su foco a activos conectados con los dirigentes de Argentina.

La semana pasada, Elliott ganó una decisión de un juez de Nevada que le permite seguir adelante con citaciones a 123 empresas del Estado que tienen vínculos con socios de la familia de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

El Post, que citó fuentes anónimas familiarizadas con el razonamiento de Singer, informó que el inversionista planea usar la decisión para emitir citatorios para al menos dos empresas controladas por Cristóbal López, un amigo del fallecido marido de Fernández y su antecesor en el cargo, Néstor Kirchner.

Una de las citaciones apunta a Centenary International, que el Post describe como una empresa holding (especulativa) registrada en el mercado extrabursátil estadunidense. No se pudo contactar a un representante de Centenary, y un portavoz de Elliott no estuvo inmediatamente disponible para comentar el asunto.