La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentará este lunes un protocolo de actuación para los jueces y magistrados que deban resolver controversias que involucren la orientación sexual y/o la identidad de género.

El ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, hará la presentación pública de dicho documento en una ceremonia en la que participará la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tracy Robinson.

El texto, al cual tuvo acceso La Jornada, señala por ejemplo que deberá respetarse la igualdad entre personas sin distinción de género y salvaguardarse el principio constitucional de no discriminación en todo litigio.

Las personas que por lo genera han visto violentados sus derechos por estas razones son lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex (LGBTI). Este protocolo se concentra en las situaciones que les afectan y las violaciones que les impactan, destaca el documento, que fue elaborado por especialistas de la SCJN con la colaboración de académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicos.

Aunque los tribunales mexicanos, según se refleja de diversas jurisprudencias y tesis aisladas, han utilizado el término preferencias sexuales, contenido en el artículo primero de la Constitución, y orientación sexual, de manera indistinta, para referirse a esta última, el protocolo que elaboró la Corte optó por utilizar el término orientación sexual, que es recogido a escala internacional por diversas instituciones, como las organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud.

Se trata de un protocolo que recoge estándares obligatorios, y sin ser vinculante es un documento que sirve para conocer la situación que viven las personas LGBTI en México, las distintas violaciones a sus derechos, así como las herramientas que pueden utilizarse para protegerlas frente a violaciones a sus derechos.

Es el primer documento de esta índole que emite el Poder Judicial Federal (PJF) y su propósito fundamental es auxiliar a los juzgadoras, a efecto de que el PJF del país se una al llamado de la alta comisionada y se reafirme que en la búsqueda por la igualdad el prejuicio y la intolerancia no son competencia para la información y la educación.

El protocolo contiene cuatro secciones.

La primera es la presentación y justificación a partir de la situación general que enfrentan las personas LGBTI en México y el mundo.

La segunda desglosa consideraciones y herramientas generales, como el control de convencionalidad y de constitucionalidad difusos, que ayudarán a los juzgadores en cualquier caso que analicen.

La tercera analiza los principales escenarios judiciales que involucran a personas LGBTI y sus derechos (identidad, vida familiar, trabajo digno, salud adecuada, libres de violencia y acceso a la justicia).

La cuarta recoge las expectativas de uso material.

El protocolo no analiza derechos específicos creados sólo para las personas LGBTI, sino desarrolla derechos generales que han sido históricamente violados, tratándose de esta población.