El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) no podrá hacer nada contra la compra de Cablecom por Televisa, pues desde el debate de la legislación secundaria en telecomunicaciones renunció a defender sus facultades en materia de competencia económica, y ahora sólo le queda promover una acción de inconstitucionalidad, señaló Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom Policy & Law.

En coincidencia, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez, dijo que este organismo buscará que el Ifetel, en ejercicio de sus facultades, promueva la acción de inconstitucionalidad a la que tiene derecho, lo que le devolvería algunas herramientas que le quitó la emisión de la legislación secundaria.

Entre enero y marzo de este año Televisa ya concentraba 76 por ciento del mercado de televisión satelital, 53 por ciento del mercado de cable, 63 por ciento del total de televisión de paga y tenía 9.5 millones de los 15.1 millones de clientes de televisión de paga que hay en México de los cuales más de 4 millones tienen contratados con la empresa el servicio de triple play.

Mediatelecom y la Amedi advirtieron desde que se conoció la propuesta de legislación secundaria que envió el Ejecutivo al Senado de la República, que el documento restaba facultades al Ifetel, que le habían sido otorgadas por la propia reforma constitucional, y se esperaba que el regulador hiciera su propia defensa.

Negrete y Agustín Ramírez han señalado que en que la reforma constitucional al sector telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica representa un avance importante, pues en parte se reguló a las grandes empresas y se reconocieron algunos derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, además de haber buscado la creación de un regulador autónomo y fuerte.

Negrete señaló que una muestra de la vulnerabilidad del Ifetel es que Televisa concretó la compra de Cablecom sin necesidad de solicitar autorización al regulador pues así lo mandata el artículo noveno transitorio, con el que cercenaron las facultades del Ifetel y, a pesar de ser autónomo, no tendrá facultades para intervenir y analizar la compra de Cablecom, lo que calificó de acto de impunidad económica.