unque el 5 de febrero de 2013, celebrando la Constitución, Peña Nieto invocó la urgencia de hacer efectivo el interés superior de la niñez, días antes designó a la ex panista Lía Limón, responsable del diseño de las estancias changarros calderonistas, como subsecretaria en Gobernación, asignándole al programa de Sedesol 3 mil 500 millones de pesos (en 2013) y 3 mil 441 (en 2014).

El Movimiento 5 de Junio exhortó a armonizar las legislaciones estatales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (Ley 5 de junio, DOF 24/10/11).

Hasta junio de 2014, sólo Puebla, Jalisco, Yucatán, Baja California, Sonora y el estado de México habían cumplido con el procedimiento y en algunos casos con deficiencias, según José Francisco García, padre de Andrés Alonso, víctima de la tragedia de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS en Hermosillo. En Yucatán “tenían un proyecto de avanzada y lamentablemente publicaron uno hecho con las patas. El estado de México hizo un copia y pega de la ley general. Hoy se trabaja en Tabasco –con el apoyo de Investigación y Educación Popular Autogestiva– y en el DF” (Reforma, 4/6/14).

Para José Francisco, la ley carece de difusión y aplicación efectiva. Y al día de hoy, si no todas, la mayoría (de las estancias) no cumplen con la ley. En Sonora persiste la falta de compromiso para dar prioridad a la seguridad de los niños, porque en revisiones de Protección Civil, las estancias siguen presentando algún tipo de irregularidad, en temas como el cuidado con instalaciones eléctricas y de gas (CNNMéxico, 3/6/14).

Mientras Unicef reitera como urgente que México avance en la construcción de un sistema integral que permita garantizar plenamente los derechos de la infancia (Reforma, 6/6/14), según Christian Pedraza, gerente de responsabilidad civil de Seguros GMX, la suma asegurada tope de la póliza de responsabilidad civil profesional de 10 millones de pesos, que por obligación deben contratar las subrogadas-IMSS, y 5 millones de pesos para la estancias changarros-Sedesol, es muy baja para el universo de menores que atienden; para enfrentar situaciones extremas. No alcanzaría a cubrir todos los daños que un siniestro llegara a provocar; la guardería no tendría la certeza económica de resarcir los daños de todos los menores.

Con los cambios a la Ley Federal del Trabajo –enfatiza– que rigen las indemnizaciones de responsabilidad civil, el monto indemnizatorio por una muerte de daños a terceros es de 3.4 millones de pesos en el DF y en zonas consideradas federales. La póliza no cubre indemnizaciones por daños derivados de fenómenos naturales, ni los accidentes personales que puedan padecer en guardería. Los padres pueden reclamar el pago de algún daño que el niño haya presentado por descuido del personal. Y para ello tienen que presentar comprobaciones, reclamación por escrito y requerimiento extrajudicial. Finalmente, la aseguradora evaluará si paga los daños reclamados (El Financiero, 5/6/14).

Después de la tragedia de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora, no han faltado desenlaces que lamentar en las 9 mil 150 estancias changarros que opera Sedesol, ahora a cargo de Rosario Robles, y donde se atiende a 284 mil niños; tanto es así, que Martha Angón Paz, directora general de políticas sociales del programa de Estancias infantiles para apoyo a madres trabajadoras de Sedesol, reconoce que durante 2014 llevamos 600 cerradas ya de manera definitiva. En algunos casos están suspendidas, por ejemplo en Hidalgo, porque se instalaron en ladera, porque hay algunos cerros muy cerca. En Nuevo León porque el suelo es muy inconsistente, porque se instala una gasolinera, porque le tenemos que expedir el cambio de domicilio y la señora ya no encuentra dónde rentar, porque hay cambio de responsable o porque están cerca de sustancias que ponen en riesgo a los niños. Sedesol busca –remató– que 100 por ciento de la estancias changarros instaladas cuenten con dictámenes de protección civil (Reforma, 28/6/14).

Sin embargo, para la secretaria Mercedes Juan, apenas en 2013 el gobierno empezó a integrar un registro –a cargo del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil– sobre el número y las condiciones en que operan las guarderías privadas. Se desconoce, reconoció, cuántas estancias son operadas por particulares, debido a que muchas de ellas no están registradas (Reforma, 6/6/14).

Pero si realmente se tratara del derecho superior de la niñez, el gobierno eficaz de Peña debería asumir como prioridad inmediata el fortalecimiento del desarrollo sicomotor, tal como se ejerce en los programas de las guarderías no subrogadas del IMSS e Issste. Para ello debería reformar la Ley 5 de junio y su Reglamento (DOF 22/8/12), que regula a las guarderías subrogadas y las estancias changarros de Sedesol.

El gran pendiente está en la calidad que se ofrece al desarrollo sicomotor de los niños (cero a cinco años), a los 13.5 millones que componen nuestra primera infancia. Aunque las legislaciones federales y locales condensan avances en materia de protección civil y derechos de los niños, persiste en ellas la indefinición para conciliar las guarderías subrogadas y las estancias changarros –que buscan rentabilidad abatiendo costos– con la garantía de calidad que brinda ese adecuado desarrollo sicomotor. Por abatir costos, ambos modelos comprometen la adquisición de funciones motoras, sensitivas, sensoriales, intelectuales y afectivas que integran el desarrollo sicomotor. ¿Cuándo empezará?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco