iversas organizaciones de comerciantes agrupadas en la Coordinadora Nacional en Defensa de la Economía Social se manifestaron ayer en contra de la obligatoriedad de incorporarse al régimen de incorporación fiscal, creado durante la reciente reforma fiscal y que pretende sustituir al régimen de pequeños contribuyentes.
A decir de los inconformes, la migración al nuevo régimen –que implicará nuevas obligaciones, como presentar declaraciones informativas y emitir facturas electrónicas– generará afectaciones diversas derivadas de la dificultad de incorporar sistemas informáticos y contratar contadores en comercios y negocios pequeños, lo que agravará una situación de por sí marcada por las bajas ventas y la competencia desleal de grandes cadenas comerciales.
La movilización comentada es una muestra de las dificultades que enfrentan millones de pequeños negocios en el país, carentes de la capacidad económica, tecnológica y administrativa para cumplir con una reforma que en su momento fue anunciada como panacea a los problemas fiscales de la nación, pero que en la realidad se ha traducido en un factor de recesión económica, ha añadido complejidad a los trámites tributarios y ha ahondado la brecha que al respecto prevalece entre las empresas grandes y medianas y los pequeños comerciantes y prestadores de servicios.
En una perspectiva más general, la situación descrita pone en relieve una de las debilidades principales del proceso de reformas legales emprendido por la actual administración, el cual ha estado sustentado en acuerdos cupulares como el extinto Pacto por México y en coaliciones partidistas de facto –como la que establecieron el PRI y el PRD para impulsar la reforma fiscal–, pero no ha suscitado, en cambio, ni unidad ni compromisos claros en la base de la pirámide social. Por el contrario, varias de las modificaciones legales consumadas o en curso han dado pie a posicionamientos de desacuerdo o a movilizaciones de protesta de diversos sectores. El caso más claro hasta ahora es la reforma educativa, que dio lugar a un agudo descontento de sectores magisteriales disidentes y que derivó en una preocupante tensión política, sobre todo en entidades como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Las reformas constitucional y secundarias en materia energética, por su parte, lograron imponerse con mucho menor resistencia social, pero pudo observarse, durante el proceso deliberativo correspondiente, una total falta de visión de Estado y una sordera monumental de los legisladores frente a las posiciones críticas de la academia, las organizaciones campesinas, los grupos de defensa del medio ambiente y otros sectores.
A la luz de muestras de inconformidad como la de ayer, queda claro que esta nueva tanda de reformas estructurales de signo neoliberal tiene su principal debilidad en la manera excluyente en que fue concebida: en un entramado institucional que adolece de una profunda falta de representatividad, el respaldo legislativo de las principales fuerzas partidistas no es en absoluto una garantía de aceptación de las modificaciones legales por el conjunto de la sociedad. El diseño y promoción de éstas, por lo contrario, tendrían que realizarse no en los pasillos de Los Pinos o de San Lázaro, sino en un amplio proceso de consulta y participación ciudadana.
De esa forma, los encargados de tomar decisiones de semejante trascendencia para el país podrían ver que lo que desde el poder se presenta como rutas seguras hacia la modernización
son, en realidad, un conjunto de propuestas que afectan la vida de las mayorías y que alimentan fracturas que resultan indeseables y peligrosas en la circunstancia actual del país.
