Organizaciones feministas y de defensa de derechos sexuales y reproductivos señalaron que el retroceso en la prevención de embarazos adolescentes no sólo es resultado de una década de gobiernos panistas y conservadores, sino de la ausencia de una política pública integral que garantice el derecho a una salud sexual informada y placentera para los jóvenes.

Gloria Legorreta, vocera de la Red de Organizaciones Feministas de Seguimiento a El Cairo, y Derse Navarrete, de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, destacaron que cualquier acción gubernamental verá limitada su eficacia si no abre a la consulta y la partición a quienes serán sujetos de esas acciones.

Luego de que la Secretaría de Gobernación instaló el Grupo Interinstitucional de la Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, considerado como problema de salud pública, organizaciones no gubernamentales advirtieron que el Estado no ha logrado integrar una perspectiva mucho más amplia sobre este fenómeno que no se limite a lanzar campañas de uso de anticonceptivos.

Navarrete destacó que a este sector de la población nunca se le incluye en la búsqueda de soluciones ni se considera en qué contextos se desarrollan y qué efecto tienen las decisiones sobre su vida sexual y reproductiva.

Hasta el momento, dijo, las organizaciones civiles que defienden los derechos sexuales de jóvenes y adolescentes no han sido convocados a participar en el grupo interinstitucional y tampoco conocemos qué acciones concretas buscarán aplicar ni cuáles serán los ejes de acción prioritarios.

Legorreta destacó que si bien es una tarea vital impulsar mayor coordinación interinstitucional entre las distintas dependencias públicas que inciden en el acceso a una sexualidad plena e informada para adolescentes y jóvenes, como las secretarías de Salud y Educación, debe garantizarse educación integral en sexualidad, pero también las condiciones para que un embarazo adolescente no signifique la cancelación de un proyecto educativo o laboral.

Agregó que la Red de Organizaciones Feministas, que incluye varios colectivos, entre ellos Salud Integral para la Mujer (Sipam), Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) y Católicas por el Derecho a Decidir, ha demandado a las autoridades sanitarias y educativas en varias cartas públicas que se cumpla con los acuerdos internacionales para prevenir las muertes maternas y el embarazo adolescente.

En el caso de México –que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantiene la tasa más elevada de embarazos adolescentes de las naciones miembro– destacó que es resultado no sólo de gobiernos conservadores, sino de un Estado que buscó invisibilizar el fenómeno y la falta de coordinación entre instituciones, pues no basta con decir que se debe usar métodos anticonceptivos, sino garantizar el acceso a ellos en los servicios de salud.