Washington, 17 de julio.

Al menos 60 presos, entre ellos tres que ya fueron ejecutados, podrían haber sido condenados a muerte con base en análisis científicos erróneos o testimonios dudosos, indicó un informe de la Inspección General de la Justicia de Estados Unidos (OIG, por sus siglas en inglés) divulgado la noche del miércoles.

En 1997, un reporte de la OIG denunció graves irregularidades cometidas en entrevistas judiciales realizadas por 13 analistas de laboratorio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Quantico, Virginia.

La OIG acusa ahora, 17 años más tarde, a la FBI de no haber aprendido la lección y de haber tratado a la ligera los casos de pena de muerte durante los ochos años siguientes a la denuncia. La FBI no tomó medidas suficientes para asegurarse de que los casos de pena capital fueran una prioridad máxima y tratados con urgencia, señaló el nuevo informe.

La OIG destacó que la Oficina Federal de Investigaciones no avisó a tiempo a las autoridades o a la defensa de que la condena a muerte de los acusados podría estar afectada por la implicación de alguno de los 13 analistas.

En el mejor de los casos, los procuradores fueron alertados de esta situación antes de cinco años, lo que hizo imposible una revisión de las penas y tres hombres habían sido ya ejecutados, subrayó el informe.

Uno de ellos fue ejecutado en Texas cuatro días después de la publicación del informe de 1997. En este caso, el hombre no habría sido condenado a pena de muerte sin los estudios erróneos. Otro detenido fue declarado inocente 27 años después de su condena y al menos otros cinco veredictos fueron anulados luego de poner al día análisis erróneos y testimonios científicamente insostenibles de una analista de la FBI.

En este contexto, el juez federal Cormac Carney declaró ayer inconstitucional la pena de muerte en el estado de California ante la administración disfuncional del sistema, que ha provocado, y lo seguirá haciendo, retrasos excesivos e impredecibles sobre las ejecuciones.

Desde 1978, 900 personas han sido condenadas a muerte en California, pero solo 13 han sido ejecutadas, mientras que 94 fallecieron en la cárcel a la espera de que se les aplicara su sentencia, señaló el juez, quien insistió en que la ejecución pierde su efecto cuando los reos deben esperar tanto tiempo en el corredor de la muerte.

El juez declaró inconstitucional la pena capital tras aceptar la demanda de Ernest Dewayne Jones, cuya ejecución por violación y asesinato, dictada en 1995, ha sido postergada en varias ocasiones y sigue en el corredor de la muerte.

Ante esto, Carney revocó la sentencia alegando la incertidumbre sobre cuándo o sobre si alguna vez será ejecutado; la condena será ahora revisada por un tribunal de apelación.