e acuerdo con todas las versiones disponibles, el avión malasio que se estrelló ayer en el este de Ucrania con 298 personas a bordo –ninguna de las cuales sobrevivió– fue objeto de un atentado con armas antiaéreas. En tanto las autoridades de Kiev acusan a los rebeldes pro rusos, que han proclamado en el este del país una República Popular de Donetsk (RPD), éstos afirman que no poseen misiles antiaéreos con alcance suficiente para derribar a la aeronave, la cual volaba a una altura de 16 mil metros, y acusaron a la Fuerza Aérea de Ucrania por el ataque, versión que es respaldada por Moscú. El gobierno pro occidental que encabeza Petro Poroshenko afirma que los secesionistas del este poseen sistemas antiaéreos Buk, capaces de alcanzar aparatos comerciales. Los segundos niegan tener esa clase de armamento, que es reglamentario, en cambio, en los arsenales ucranianos.
Sea cual fuere la verdad, la caída del vuelo MH17 de Malasyan Airlines, que cubría la ruta Ámsterdam-Kuala Lumpur, constituye una tragedia lamentable que se suma a la pérdida de otra aeronave de esa misma aerolínea en marzo pasado en el océano Pacífico, cuyo paradero no ha sido esclarecido. El desastre en Ucrania es aún más doloroso y exasperante por cuanto, de acuerdo con los indicios disponibles, fue consecuencia de un ataque deliberado. Ninguna causa política y ninguna postura ideológica puede justificar el asesinato en masa de civiles; quienes hayan sido los atacantes de la aeronave derribada, cometieron un crimen repudiable que debe ser esclarecido y sancionado.
No debe dejarse de lado, por otra parte, la extrema irresponsabilidad de la línea aérea y de las autoridades aeronáuticas civiles de Holanda y de Malasia al no considerar un cambio de la ruta habitual de los vuelos entre Ámsterdam y Kuala Lumpur para eludir un espacio a todas luces peligroso, como es la región fronteriza ruso-ucraniana, erizada de armas antiaéreas de diversas clases y en la que han sido derribadas en semanas recientes varias aeronaves militares.
Desde luego, la investigación correspondiente no parece fácil. Los rebeldes de la RPD tienen bajo su control, al parecer, la zona en la que cayó el aparato. Afirman que las cajas negras están bajo su resguardo y han ofrecido una tregua y facilidades para que se lleven a cabo las pesquisas procedentes. Es claro, sin embargo, que la investigación no debe recaer en ninguna de las partes en conflicto ni en todas ellas sumadas –es decir, los gobiernos ucranio y ruso, además de los líderes separatistas de la cuenca del Don–, sino que debe ponerse en manos de una instancia internacional, acaso dependiente de Naciones Unidas, capaz de garantizar una mínima imparcialidad. De cualquier forma, no resulta probable que del examen de las cajas negras puedan extraerse resultados concluyentes sobre la autoría del atentado.
Por último, la tragedia aérea que costó la vida a casi 300 personas pone en relieve la urgencia de desactivar el conflicto en la porción oriental del territorio ucranio, y ello no puede lograrse por medios bélicos, sino mediante un proceso de paz entre las partes involucradas. Es imperativo que las potencias europeas, Estados Unidos y Rusia presionen a Kiev y a los secesionistas de la cuenca del Don para que se sienten a la mesa de negociaciones.
