Después de que un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chihuahua realizó una manifestación para exigir aumento salarial y pedir el cumplimiento de diversos acuerdos laborales básicos, el administrador regional del organismo presentó una demanda penal contra 32 empleados ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Así lo afirmó la secretaria general de la sección 28 del Sindicato de Trabajadores del PJF, María de los Ángeles Heredia Balderrama, quien consideró que dicha acción tiene el fin de amedrentarlos para evitar que se organicen y exijan sus derechos.

El pasado primero de julio, explicó la sindicalista a La Jornada, alrededor de cien trabajadores del PJF se manifestaron ante el edificio de Justicia Federal de Chihuahua para exigir que las autoridades de este organismo dejaran de dar trato discriminatorio a los trabajadores de base –sobre todo a las mujeres– al impedirles utilizar el estacionamiento cubierto del edificio sede.

No obstante que muchas empleadas han laborado durante años en el Consejo de la Judicatura Federal, en meses recientes se les había despojado de al menos 14 lugares de estacionamiento para dárselos a trabajadores de confianza recién contratados.

Lo anterior, señaló Heredia, perjudica a las trabajadoras sindicalizadas, porque deben subir unas escaleras peligrosas para llegar a sus lugares de trabajo después de estacionarse en un sitio alejado.