yer, pocas horas antes de que las fuerzas israelíes asesinaran a cuatro niños que jugaban futbol en una playa de Gaza, una comisión del senado estadunidense aprobó una partida de 622 millones de dólares para financiar sistemas de defensa de Israel; esto en el contexto de una ayuda militar global de Washington a Tel Aviv que asciende, en el presente año fiscal, a 3 mil 600 millones de dólares. Para el próximo periodo el gobierno de Barack Obama ha solicitado una suma similar. De acuerdo con un reportaje publicado ayer en estas páginas, las cifras indican que el mandatario ha mantenido e incrementado la asistencia militar pactada en 2007 por su antecesor, George W. Bush, quien se comprometió a aportar a las autoridades de israelíes 30 mil millones de dólares en 10 años para la adquisición de equipo bélico, en lo que llamó una inversión en la paz (La Jornada, 16/7/14, p. 27).

l registro de tres nuevos partidos nacionales obtuvo el beneplácito legal, luego de airear los últimos flecos pendientes. Pero más allá de formalidades rigurosamente acatadas, lo más importante es que el proceso, a pesar de sus laberintos, se cumplió atendiendo a la voluntad de los miles de ciudadanos que estaban decididos a organizarse y a participar, pese a la antipolítica cuyas olas cíclicamente se apoderan de ciertos extraños bienpensantes, quienes ven en la reafirmación del pluralismo y el juego de las minorías un factor de fragmentación que debilita el poder del Estado.

n el supuesto (no aceptado) de que resulte imposible revertir la desnacionalización de la industria petrolera vía consulta popular, cabía esperar, como mínimo, un trámite legislativo escrupuloso, detenido y abierto de las iniciativas de legislación reglamentaria de la reforma constitucional en materia energética. Por su volumen –nueve leyes nuevas y enmiendas de diverso alcance a 12 otras– y por su importancia –transforman en profundidad el régimen legal del sector de energía– esas iniciativas configuran la tarea más compleja y trascendente de la actual legislatura. Hasta el momento, ese trámite ha sido muy desafortunado, marcado por la inobservancia del procedimiento y las prácticas legislativas; dominado por el apresuramiento y ligereza en el tratamiento de las cuestiones sustantivas, y limitado por la renuencia a escuchar voces independientes y calificadas. Los vicios de procedimiento y la ausencia de un verdadero debate en profundidad de las enmiendas a iniciativas y proyectos de dictamen podrían tener consecuencias sobre la legalidad de la legislación resultante. Sin embargo, ante la inminencia de una aprobación apresurada en el pleno del Senado de cuatro dictámenes adoptados en comisiones, también a la ligera y sin apego al procedimiento, conviene resumir las deficiencias e insuficiencias mayores de los mismos. Tal es el objeto de esta quinta nota de la serie dedicada al análisis de dichas propuestas, en especial las relativas a hidrocarburos, que ha seguido de cerca los documentos publicados y entregados al Congreso por el Grupo de Energía del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM, del que soy parte. Se intenta poner en claro algunos de los enormes costos asociados a la desafortunada práctica ahora seguida de dictaminar y aprobar, sin más.

os gobiernos de los países emergentes, agrupados bajo el acrónimo BRICS, crearon en su reunión cumbre, celebrada esta semana en Fortaleza, Brasil, dos instancias financieras fundamentales que desarrollarán funciones similares al FMI y al Banco Mundial. La decisión implica que Brasil, la séptima economía del mundo, China, la segunda economía; India, novena economía; Rusia, décima economía mundial, y Sudáfrica, de menor tamaño, contarán con un banco de desarrollo propio con un capital inicial de 50 mil millones de dólares que financiará proyectos de infraestructura que mejorarán la competitividad y el crecimiento económico de esos países.