l procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, dijo ayer en un foro de discusión organizado por la Cámara de Diputados que no habrá “expropiaciones de facto” de tierras en favor de corporaciones energéticas contratistas y concesionarias, posibilidad prevista en las iniciativas presidenciales de leyes secundarias recientemente enviadas desde Los Pinos al Legislativo. El funcionario reconoció, sin embargo, que se mantiene el recurso de la expropiación inmediata por causas de utilidad pública.

Lejos de resultar tranquilizante, la exposición de Laynez Potisek ratifica la vasta inquietud social generada por las propuestas presidenciales de leyes secundarias. Por una parte, el procurador fiscal confirma el sentido equívoco con que el gobierno federal utiliza el concepto de utilidad pública, toda vez que los eventuales beneficiarios de la disposición en debate serían principalmente entidades privadas y se perjudicarían gravemente con ello categorías públicas como la certidumbre en la tenencia de la tierra por comunidades, ejidos y poblaciones, y, con tal de satisfacer intereses particulares se pondría en riesgo la paz social que aún queda en el país.

Por la otra, si el gobierno no tiene la intención de recurrir a las expropiaciones, no es fácil entender el empecinamiento del grupo en el poder por mantener en el texto legal el margen para ello. Ninguna disposición legal se redacta, aprueba y promulga para no ser usada, y ésta no tiene por qué ser la excepción. Si en la ley secundaria se mantiene una puerta abierta a despojos de tierras disfrazados de expropiaciones por causa de utilidad pública es claro que, más temprano que tarde, habrá de recurrirse a tal figura, con las trágicas consecuencias que conllevaría.

Una vez más, pues, como ha ocurrido desde que empezó a promover su reforma energética, la autoridad no habla claro sobre los alcances e implicaciones de esta alteración mayúscula al ordenamiento constitucional que ha regido en el país por décadas. Un pequeño recuento permite recordar que el Ejecutivo federal empezó su campaña para legitimar la privatización de la industria petrolera afirmando que esa medida había sido una intención del general Lázaro Cárdenas, lo cual constituye una palmaria mentira. Luego dijo que la intención no era privatizar Pemex; esto, en rigor, es cierto, pero se engañó por omisión al ocultar que el verdadero propósito de la reforma era privatizar la mayor parte de la industria petrolera; se aseveró después que el Estado conservaría la totalidad de la renta petrolera, propósito imposible de cumplir en la medida en que ésta se compartirá con corporaciones petroleras privadas, o se les cederá.

Esas y muchas otras inconsistencias en el discurso oficial agravan el malestar social ante las modificaciones legales impulsadas por la actual administración, hacen pensar que los dichos de funcionarios, lejos de buscar una comunicación transparente, procuran confundir a la opinión pública, y confirman la necesidad de que se consulte a la sociedad, en ejercicio de un espíritu verdaderamente democrático, acerca de si debe o no alterarse el estatuto público y nacional del sector energético.