A cinco años del incendio en la guardería ABC, donde perdieron la vida 49 niños y niñas y más de 70 resultaron con diversas lesiones, las autoridades judiciales todavía no ha hecho las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades de las personas encargadas directamente del cuidado de los menores ni de los funcionarios que permitieron la operación irregular de las estancias de cuidado infantil.

Así lo denunció José Francisco García Quintana, del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, quien lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto todavía no conceda audiencia a los padres de las víctimas –pese a que en campaña dijo que el tema era una de sus prioridades– y no se haya impulsado la aplicación en todo el país de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La averiguación previa que se inició en 2009 sobre el incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, detalló, presenta un gran rezago, pues a pesar de que ya se tienen elementos suficientes, el juez encargado del tema no ha consignado a las empleadas de la guardería que se encargaban de cuidar a los niños, desacatando las órdenes de la comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese mismo sentido, tampoco se ha ampliado el ejercicio de la acción penal contra los servidores públicos que habrían tenido algún nivel de responsabilidad en la tragedia, como Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social; Abel Murrieta, ex titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, y Ernesto Gándara, ex alcalde de la capital del estado.

Con respecto a la averiguación previa iniciada el año pasado, aún no se ha realizado un nuevo peritaje sobre las causas del incendio, como se había anunciado, aunque de todas maneras los familiares rechazan esta posibilidad, por considerar que puede servir para minimizar las acusaciones en contra de diversos personajes involucrados en el caso.

Tras lamentar que la legislación impulsada por los familiares de las víctimas para mejorar las estancias infantiles en el país –conocida como ley 5 de junio– tiene un nivel de aplicación de apenas 30 por ciento en el país, García Quintana denunció la falta de interés de varias instituciones en reunirse con ellos y que Peña Nieto no les ha concedido una audiencia, a pesar de que en campaña había dicho que el asunto era una de sus prioridades.

Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sub­rayó por su parte que en una reunión celebrada recientemente con funcionarios de la Procuraduría General de la República, Anselmo Jiménez Cruz, coordinador de delegados de la institución a escala nacional, puso en duda su calidad de litigante por el solo hecho de ser muy joven y dijo que el mencionado colectivo es un grupo de radicales, a lo cual se le contestó que no estaban ahí para hacer bromas ni descalificaciones.