n el contexto de una comparecencia en la Cámara de Senadores, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que la cifra oficial de personas no localizables en el país –eufemismo para referirse a los desaparecidos– se redujo en 70 por ciento, al pasar de 27 mil a 8 mil individuos. El político hidalguense abundó que dicho descenso se debe a una depuración del banco de datos en poder del gobierno federal, elaborado a partir de la información de procuradurías estatales y la federal.

Los datos comentados contrastan con los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el pasado martes en el propio Senado: de acuerdo con el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, dicho organismo público tiene en sus registros 24 mil 800 casos de desaparición de personas; en 612 de esos casos se tiene evidencia de la intervención de autoridades gubernamentales. Dicha cifra resulta muy similar a los 26 mil desaparecidos de los que se tenía registro al finalizar la administración de Felipe Calderón.

Más allá de la dificultad implícita de contar con una cifra exacta sobre el referido delito, dada su propia naturaleza, la fluctuación de los datos oficiales y las contradicciones observadas entre distintas instancias públicas hacen dudar de la disminución anunciada ayer por el titular de la Segob: en efecto, parece sumamente improbable que casi 20 mil registros de desapariciones hayan podido descartarse como resultado de la identificación de denuncias duplicadas y del hallazgo de las víctimas; en cambio, el desplome abrupto en las bases de datos gubernamentales da cuenta de un manejo descuidado, indolente y desinteresado de la información oficial relativa al tema, que refleja, guste o no, la conducta en general de las autoridades frente al referido flagelo y abona al descrédito de las autoridades.

La circunstancia se torna tanto más inaceptable si se toma en cuenta que, detrás de las estadísticas del gobierno federal, persisten historias de sufrimiento humano, personal, familiar y social, así como un fenómeno real que dista de haber desaparecido y que configura, como señaló Amnistía Internacional en un reporte reciente, una crisis de derechos humanos.

Ahora bien, con independencia de las fluctuaciones referidas, las cifras son de suyo alarmantes y dan cuenta de un incumplimiento del Estado mexicano en su labor más elemental, que es proteger la integridad y la vida de la población. Incluso si fuera cierta la versión oficial de que al día de hoy persisten solamente 8 mil casos de desaparición, ello sería motivo suficiente para ratificar la incompetencia de las dependencias encargadas de procurar justicia y brindar seguridad pública, y para insistir en la exigencia de que los distintos niveles de gobierno combatan eficazmente ese crimen y a sus autores, muchos de los cuales están situados en instituciones oficiales. Debe tenerse en cuenta, al respecto, que la desaparición forzada es un delito que no prescribe porque se sigue perpetrando cada día y cada hora que el ausente permanece desaparecido, por lo que todo afán triunfalista del gobierno federal en la materia resulta improcedente y ofensivo para las víctimas y sus familias.

El esclarecimiento de todas y cada una de las desapariciones es tarea obligada de las autoridades, y la administración federal en turno tiene la responsabilidad de resolver y sancionar no sólo los casos de desapariciones registrados durante el presente ciclo de gobierno, sino también los ocurridos durante las pasadas administraciones y, desde luego, aquellas que sucedieron durante las presidencias priístas del siglo pasado. El incumplimiento de esa responsabilidad abona a la percepción pública de una institucionalidad descompuesta e incapaz de garantizar seguridad y justicia y de combatir la impunidad.