l asesinato del dirigente ejidal Ramón Corrales Vega, quien desde hace dos años encabezó actos de protesta contra la empresa minera Paradox Global Resources en Sinaloa, es el eslabón más reciente de una cadena de agresiones en contra de activistas sociales, ambientalistas y ciudadanos que han dedicado sus vidas a la defensa de las comunidades en contra de la depredación de las empresas extractoras y de la protección gubernamental con que suelen verse beneficiadas. Por citar algunos ejemplos relevantes, debe recordarse el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación minera en Chiapas, ocurrido el 27 de noviembre de 2009; a principios de 2012, en el municipio oaxaqueño de San José del Progreso, fueron asesinados los integrantes de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, quienes habían participado en movilizaciones en contra de la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines. En octubre de ese mismo año se registró el homicidio de los activistas Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís, que se oponían a los trabajos de exploración de la minera canadiense Mag Silver y su filial mexicana Minera Cascabel en tierras del ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.
La lista, sin embargo, no se limita al asesinato de activistas. En Zacatecas, durante este mismo año, se han registrado desalojos violentos y secuestros de ejidatarios involucrados en las acciones de protesta contra consorcios mineros; y otro tanto ha ocurrido en San Luis Potosí, donde la industria extractiva arrastra un historial de abusos y devastación ambiental y social.
Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hace inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la impunidad proverbial que prevalece para los consorcios mineros nacionales y extranjeros que operan en el país –en cuyos socavones ocurren derrumbes y explosiones mortales en forma sistemática, sin que las autoridades hayan podido hacer nada para evitarlos–, desde hace años ha venido registrándose una cacería de activistas sociales, ambientalistas y defensores de los derechos humanos que han alzado la voz para denunciar los abusos y delitos cometidos al amparo de esa industria. Es difícil concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad que se han movilizado en contra de las mineras, que han criticado la política entreguista de las autoridades hacia esas compañías y que han incomodado al poder fáctico e indebido que ejercen esas compañías.
Diversas zonas del país enfrentan una disolución del estado de derecho en la que convergen las actividades abiertamente ilícitas de la delincuencia organizada con las de sectores pretendidamente legales, como la minería. Ante lo que parece ser una campaña de eliminación de activistas, los gobiernos de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la misma postura impávida con que han reaccionado hasta ahora.
En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos estatales y federal investigar muertes y agresiones como la ocurrida este fin de semana en el municipio de Choix, Sinaloa. En caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los saldos nefastos de la política económica vigente –al amparo de la cual han proliferado las concesiones extractivas en el territorio– son la debacle económica y social derivada de la apertura de la economía y las privatizaciones y el otorgamiento de un margen de maniobra para que el capital privado opere en la ilegalidad.
