La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el Estado mexicano fue omiso en su responsabilidad de implementar políticas en favor de la población no heterosexual, por lo que deberá resarcir esta falta a través de diversas acciones que han solicitado grupos de la sociedad civil, señaló Adolfo Voorduin, director general del Circuito de la Diversidad Sexual (Cidisex).

El activista indicó que el pasado 25 de abril la quinta visitaduría general de la CNDH hizo llegar al titular de la secretaría técnica de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, una carta con sus conclusiones sobre el tema.

El texto –del cual tiene una copia este diario– es una propuesta de conciliación entre Gobernación, Agenda LGBT y el Cidisex, éstas últimas, organizaciones que en junio de 2012 promovieron una queja contra el Estado por supuestas omisiones en que habría incurrido al decretar el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias en 2010, durante la presidencia de Felipe Calderón.

Jaime López Vela, coordinador de Agenda LGBT, explicó en entrevista que la razón de la demanda ante la CNDH es que al decretar la efeméride, el ex mandatario panista invisibilizó el problema de la homofobia, lo que provocó que el Estado siguiera mostrando una actitud omisa ante fenómenos como los crímenes de odio, la pandemia del VIH-Sida y la discriminación.

Luego de analizar la queja de ambos colectivos, la CNDH concluyó que las autoridades violaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de aquellos, ya que debido a la falta de asistencia de funcionarios a varias reuniones de trabajo durante 2011, 2012 y 2013, no ha sido posible la concertación y seguimiento de políticas en favor de la población LGBTTTI, lo que constituye actos discriminatorios en agravio de esta comunidad.

En su propuesta de conciliación, el quinto visitador de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, sugiere a Gobernación que se realicen las sesiones de debate mencionadas y se dé seguimiento a los acuerdos que se alcancen, además de que se investigue la responsabilidad de los servidores públicos que no asistieron a las reuniones.

Según Voorduin, Gobernación ya aceptó todas las recomendaciones y sugerencias, pero obviamente no pasan de ser recomendaciones que las autoridades pueden atender o no atender, por lo que no descartó que eventualmente los colectivos recurran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En concordancia con la queja, Voorduin adelantó que van a proceder penalmente contra el actual titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, por haber permitido que las instituciones encargadas del tema fueran omisas.