lawomir Oder, el sacerdote polaco que encabeza el proceso de canonización de Juan Pablo II, señaló ayer que no hay señales de participación personal del difunto pontífice en el escándalo de pederastia que involucró a la orden religiosa de los legionarios de Cristo y de su fundador, Marcial Maciel.

Si se toma en cuenta el contexto de críticas que ha suscitado la canonización del pontífice polaco –tanto en sectores progresistas de la opinión pública como en grupos católicos ultraortodoxos–, la declaración de Oder representa una medida de control de daños comprensible y hasta obvia, cuyo fin sería atenuar tales señalamientos críticas: en el mismo sentido parece inscribirse, según han afirmado diversos vaticanistas en semanas recientes, la decisión adoptada por el papa Francisco de canonizar en una misma ceremonia a Juan Pablo II y a Juan XXIII –promotor principal este último del Concilio Vaticano II–, como una forma de restar protagonismo a la figura de Karol Wojtyla y atenuar los señalamientos críticos en su contra.

No obstante, los elementos disponibles apuntan a que tanto el pontífice polaco como su sucesor en la silla papal, Joseph Ratzinger, contaron con elementos de juicio suficientes para conocer los crímenes de Marcial Maciel. Cabe recordar que en 2004 el propio Ratzinger tuvo la oportunidad de reabrir, cuando aún presidía la Congregación para la Doctrina de la Fe, el expediente del fundador de los legionarios; la autoridad católica, sin embargo, rehusó someter a Maciel a un proceso canónico, y selló con ello la impresión de que el Vaticano prefería preservar la impunidad del religioso que desatar un escándalo y una confrontación con esa orden, que aporta enormes cuotas de poder político y económico. Con ello, el Vaticano no sólo acentuó el daño a las víctimas de Maciel, sino que dio margen para la comisión de otros abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia y exhibió una pauta de encubrimiento de casos de pederastia clerical en las más altas esferas de la jerarquía católica.

La insistencia de los impulsores de la canonización de Wojtyla en que éste no tenía conocimiento de los crímenes de Maciel resulta, por lo demás, anticlimática en el contexto de un pontificado –el que encabeza Jorge Mario Bergoglio– que ha empezado, al menos en el discurso, con un claro espíritu de renovación de la Iglesia católica y con una clara actitud de denuncia de algunos de los lastres y vicios más palpables de la jerarquía vaticana. Uno de los principales elementos simbólicos de este viraje tuvo lugar hace apenas unas semanas, cuando el papa Francisco ofreció disculpas por los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes.

El deslinde que pueda fijar la Iglesia católica respecto de los puntos oscuros del pontificado de Juan Pablo II acaso resulte conveniente en lo inmediato, cuando esa institución parece más preocupada por consumar el arribo del pontífice polaco a la santidad que por esclarecer los señalamientos críticos en su contra. Pero difícilmente ayudará a la Iglesia a recuperar su credibilidad y su prestigio: para ello es necesario que la jerarquía vaticana muestre la sensibilidad y el apego irrestricto a la legalidad y un sentido elemental de justicia que hasta ahora le han faltado en lo que respecta a los episodios de pederastia que involucran a integrantes del clero católico.