a incesante colocación de mensajes en Twitter con la etiqueta #EPNvsInternet convirtió ayer ese tema en uno de los mayor circulación a nivel mundial. Además de la cuantiosa producción de textos en contra de las pretensiones del gobierno federal mexicano de establecer controles al ejercicio de libertades a través de la red, se convocó a manifestaciones públicas que se realizarán hoy, cuando menos en las ciudades de México (del Ángel de la Independencia al Senado, a partir de las 18 horas) y Guadalajara. El sábado 26 habrá también actos de protesta en Monterrey, además de la anunciada cadena humana, de Televisa Chapultepec a Los Pinos, a la que se citó el mismo día en que se instaló un frente por la comunicación democrática, con Cuauhtémoc Cárdenas y el panista Javier Corral como principales figuras.

La profusión de activismo tuitero, que también usó la denominación #ContraElSilencioMX , tuvo como detonantes ciertos segmentos de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que Enrique Peña Nieto envió al poder legislativo para reglamentar lo que en términos generales se había aprobado en la reforma constitucional del ramo. La fracción séptima del artículo 197, por ejemplo, plantea la posibilidad de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. O la fracción tercera del artículo 145, que establece que “los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet (…) podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.

En otra parte de las pretensiones peñistas se menciona que los proveedores podrán almacenar hasta por 24 meses los datos y registro de comunicaciones de los usuarios, incluidos el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de los mensajes o llamadas, el nombre del titular de una línea y la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros datos. Tan provocadores postulados peñistas generaron la proporcional reacción adversa de la cada vez más amplia comunidad cibernética, que en términos mayoritarios mantiene una ácida crítica al desenvolvimiento del grupo que se instaló en Los Pinos.

Pero en la tarde de ayer mismo se supo que el PAN y el PRI habían llegado a acuerdos para votar juntos en una sesión plenaria el dictamen que en comisiones de trabajo habían aprobado, dejando de lado al PRD, que de inmediato aumentó el grado de crítica a sus anteriores compañeros de viajes pactistas e incluso anunció que presentaría una especie de dictamen propio. En el nuevo arreglo pripanista habrían triunfado las voces contra la censura en Internet, con los de blanco y azul como escuchas atentos de la inconformidad en redes. El presidente de la comisión de comunicaciones y transportes de la cámara de senadores, el panista Javier Lozano Alarcón, incluso aseguró por Twitter: Y sólo les digo que nuestro dictamen sobre #telecomunicaciones elimina toda censura o bloqueo en Internet y otras tantas preocupaciones.

A reserva de que se confirme la versión del abogado poblano que fue secretario del trabajo con Felipe Calderón, y que esa eliminación de toda censura o bloqueo no consista en reacomodos de frases o enmascaramientos mediante tecnicismos, la ruda pretensión peñista original habría quedado (por lo pronto) en un ejercicio de exploración pero, sobre todo, de distracción. Centrando la atención de la comunidad más crítica e informada en los temas que le son más inmediatos, de la propia Internet, se creyó posible dejar sin suficiente oposición los rubros de fondo relacionados con el mantenimiento de privilegios y expectativas de crecimiento y ganancias para el duopolio televisivo. Así, panistas y priístas llegarían tranquilamente a votar en el congreso en favor del resto de la ley peñista habiendo retirado los tramos polémicos sembrados.

No sería la primera vez en que se aplicara esa táctica de construcción de señuelos luego desechables. Los estrategas peñistas se han esmerado en incluir líneas a veces increíblemente torpes y provocadoras en el conjunto de sus iniciativas políticas y legislativas para dejarse márgenes holgados de negociación con sus opositores pactados, de tal manera que, eliminando las aberraciones intencionalmente insertas, parezca que los políticos sí escuchan a la gente y sí son capaces de corregir sus errores, con ciertos opositores siendo habilitados como beneficiarios de esas presuntas enmiendas (como ahora sucederá con el PAN, que canjeará su voto en favor de la ley Peña-Televisa a cambio de, entre otras cosas, erguirse como partido que se colocó al lado de los tuiteros y sus libertades).

Las tretas distractoras, se apuntaba en anterior párrafo, también son exploratorias. Si los afectados no reaccionan con suficiente fuerza ante los agravios en boceto, puede ser la oportunidad dorada para implantarlos. En ese sentido, la comunidad internética reaccionó oportuna y adecuadamente, expresando con absoluta contundencia su rechazo a las pretensiones censoras (que subsisten). En caso de que el globo sonda hubiese sido realmente abatido (esta vez) en cuanto a la Internet, esa misma comunidad debe mantener su oposición vigorosa al resto de las cláusulas nocivas de la mencionada ley de telecomunicaciones y radiodifusión, sobre todo por cuanto pretende mantener virtualmente intocado el imperio de Televisa y sus entretejidos de complicidad con los poderes políticos, en este caso, de marcada manera, con Los Pinos.

Y, mientras en el Senado se aprobó el aumento demagógico, efectista (un regalo electoral para que el Verde Ecologista cumpla una de sus promesas), de la pena a secuestradores, asignándoles en caso extremo 140 años de prisión, como si a esos delincuentes les preocuparan las leyes y sus sanciones, que en términos generales suelen evadir, ¡hasta mañana!

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