n el contexto de la segunda mesa de análisis de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que, hasta el cierre de la pasada administración federal, no se cumplieron los objetivos de programas públicos supuestamente orientados a mejorar el nivel académico de los estudiantes de educación básica.

A manera de ejemplo, el órgano de fiscalización señaló que el programa de escuelas de tiempo completo –que se inició en el gobierno de Felipe Calderón y fue retomado por el de Enrique Peña Nieto– implicó el otorgamiento de apoyos económicos a sólo 6 mil 460 de los 199 mil 442 planteles de educación pública básica. Además del magro porcentaje de centros educativos atendidos, la Secretaría de Educación Pública carecía hasta 2012 de información respecto de los profesores a cargo de los turnos extendidos, del equipamiento adicional, del seguimiento y evaluación del programa y de la alimentación de los alumnos en las escuelas, razón por la cual la ASF no pudo ponderar los resultados de dicho programa.

Por lo que toca al Programa de Formación de Docentes de Educación Media Superior, la ASF indicó que sólo 8.4 por ciento de los 112 mil maestros inscritos certificaron sus competencias y que hasta 2012 la SEP carecía de información sobre el número de figuras educativas que aprobaron los cursos.

Las cifras referidas son reflejo de descuido e incluso de desdén oficial en el manejo de los recursos públicos destinados a programas oficiales en materia de educación, elementos que resultan incompatibles con el supuesto celo de las recientes administraciones federales por elevar la calidad de la enseñanza. Debe recordarse que en años recientes ese pretendido fin ha acompañado los esfuerzos de los gobiernos federales por imponer, incluso a contrapelo del sentir mayoritario de docentes y padres de familia, un modelo de evaluación educativa que pasa por alto las diferencias socioeconómicas y culturales de los educandos de distintas regiones del país y que atenta contra las conquistas laborales de los maestros. El más reciente episodio de esa cruzada es la aprobación de una reforma constitucional en materia educativa y de su legislación secundaria, que derivó en un linchamiento público del magisterio disidente y en una confrontación del Ejecutivo federal con legislaturas locales.

El manejo descuidado y la falta de información y de datos duros sobre programas educativos como los mencionados obligan a preguntarse si el interés gubernamental en la calidad educativa es real o simulado.

Es claro, por otra parte, que los grandes obstáculos para una educación pública de calidad comienzan con el abandono deliberado de las obligaciones del Estado en materia educativa, reflejado en un evidente desdén presupuestal, en las condiciones ruinosas en que se encuentran la mayoría de las escuelas públicas y en la concesión de todo el ciclo de enseñanza básica y media a una cúpula sindical amafiada que devora la mayor parte de los recursos destinados a la educación –de por sí magros, en relación con el rezago educativo que enfrenta el país– y que ha acumulado, con base en ello, un considerable poder político.

El fortalecimiento de las responsabilidades públicas en materia educativa es una medida de obvia necesidad y de carácter impostergable que debe comenzar con la reorientación de la política económica; la redignificación de la enseñanza pública y su articulación efectiva con el desarrollo nacional, y con el combate frontal a la corrupción y la democratización sindical. Sin medidas como las señaladas, no habrá programa que alcance para superar los rezagos educativos del país, y los recursos públicos destinados a la educación seguirán siendo arrojados a un barril sin fondo.