En enero de 2010, el gobierno de Felipe Calderón lanzó el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA), el cual incluía, entre otras medidas, la de regular los alimentos y bebidas que se vendían en las escuelas de nivel básico.

Con base en investigaciones de diferentes instituciones, se sabía que durante las horas que pasan en los planteles, los alumnos ingerían niveles excesivos de azúcar, sal y grasas, lo que contribuía al problema de sobrepeso y obesidad presente –hasta la fecha– en 30 por ciento de niños y adolescentes en el país.

Los lineamientos empezaron a operar en enero de 2011, pero fue un documento limitado en sus alcances y que en nada se parecía a la propuesta que elaboraron representantes de 17 dependencias y organismos durante los meses previos, señaló Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria.

Además, ese ordenamiento carece de los mecanismos de supervisión que garanticen su cumplimiento. Eso más bien ha dependido de la buena voluntad de los directores de las escuelas y las asociaciones de padres de familia, indicó.