Para reducir el sobrepeso y la obesidad que afecta a la población, niños y adolescentes incluidos, el gobierno federal debe promover y garantizar el acceso a alimentos sanos, naturales y frescos; y a la vez, para conocer su impacto, medir el estado nutricional de la infancia, lo cual hasta ahora no se ha realizado, aseguró Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria.

En cambio, se mantiene el contubernio entre las autoridades y la industria de alimentos y bebidas procesados para asegurarles que sus productos seguirán dentro de los centros escolares. Al menos, dijo, eso es lo que se ve en el nuevo proyecto de lineamientos que aplicarán en el sistema educativo nacional.

Se mantiene esa tendencia, en lugar de que el Estado asuma la responsabilidad de generar ambientes saludables y hacer a un lado la mercadotecnia. Por ese problema de origen no se cumplirán los objetivos establecidos en el documento que actualmente se encuentra en proceso de consulta en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), apuntó.

Y es que si bien el proyecto de lineamientos para la venta y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas desde el nivel prescolar hasta el superior enfatiza en dar prioridad a frutas, verduras, alimentos frescos y el agua simple potable, también deja abierta la puerta para productos procesados, aun cuando acota que deben cumplir con los criterios nutrimentales determinados en el mismo documento.

Señala que este tipo de mercancías se podrán vender en los planteles públicos y privados únicamente los días viernes, en sustitución de los cereales, las oleaginosas y leguminosas. Es un día a la semana en atención a la recomendación del Instituto Nacional de Salud Pública que comprobó que la medida hasta hoy vigente, de permitir la venta de alimentos y bebidas procesados dos días a la semana en las escuelas de educación básica, no se cumple.

Treinta por ciento de los niños o adolescentes del país están afectados por obesidad o sobrepesoFoto Alfredo Domínguez

Además, permite el consumo de jugos industrializados y bebidas de soya como opciones en algunas comidas.

Julieta Ponce subrayó que las directrices sobre los alimentos y bebidas que se podrán vender y distribuir en los planteles escolares deberían acompañarse de acciones efectivas de salud para medir el estado nutricional de los alumnos, así como de un programa que garantice la detección temprana de factores de riesgo o enfermedades, lo mismo que su canalización a los servicios médicos para su control.

Sin embargo, las autoridades insisten en dejar la responsabilidad a los ciudadanos, al señalar que deben hacer conciencia sobre la importancia de alimentarse sanamente y realizar actividad física. Eso es insuficiente en ambientes que no son sanos y, por el contrario, promueven mercancías con nulo aporte nutrimental o estrategias que se limitan a un etiquetado incomprensible en los empaques de los productos.

Con relación al proyecto de lineamientos que sustituirán a los que han estado vigentes desde enero de 2011, la especialista mencionó que establece sanciones, pero carece de mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento.