pesar del optimismo –si no es que triunfalismo anticipado– que rezuma el discurso oficial y el tratamiento informativo novedoso, los fenómenos del auge delictivo, la inseguridad y la violencia no han variado en el país en forma significativa entre el sexenio pasado y la presente administración: las ejecuciones siguen ocurriendo por decenas cada día, y extensas regiones del territorio nacional permanecen en la zozobra y el acoso de organizaciones criminales. Para no ir más lejos, ayer se informó que en Matamoros, Tamaulipas, las balaceras y los bloqueos viales alcanzaron tal intensidad que la alcaldesa, Leticia Salazar, pidió a la población tomar las debidas precauciones y el secretario de Desarrollo Social de la entidad, Homero de la Garza Tamez, suspendió una gira de trabajo que tenía programada en esa localidad.

El panorama no parece ser mejor en Michoacán, donde la estrategia oficial de establecer alianzas de facto con los grupos de autodefensa de la Tierra Caliente parece haber permitido a las fuerzas gubernamentales asestar golpes importantes contra el cártel de Los caballeros templarios, pero no ha logrado detener el deterioro político y social ni atenuar los riesgos de un desbordamiento de la violencia: en el momento mismo en que el gobierno federal, por conducto del comisionado Alfredo Castillo, firmó acuerdos con las autodefensas, éstas se adentraron en un proceso de descomposición que amenaza con desembocar en un remedio peor que la enfermedad: a principios de mes los grupos de civiles armados de La Ruana se enfrascaron en una pugna interna que dejó dos muertos, y uno de los dirigentes, Hipólito Mora, fue encarcelado por el gobierno estatal por cargos de homicidio, fincados sin más prueba que la palabra de sus rivales. El fin de semana pasado fue asesinado el alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García, y ayer el comisionado Castillo aseguró que el responsable intelectual del homicidio fue el líder de las autodefensas de Yurécuaro, Enrique Hernández Saucedo.

Fuera de esos hechos puntuales, las muertes violentas persisten en la entidad. El gobierno se entrampa en la tarea imposible de distinguir entre autodefensas auténticas y falsas autodefensas; entre muchos ciudadanos honestos que tomaron las armas como única forma posible de sobrevivir al acoso de los templarios –germinado en el marco del abandono de las tareas de seguridad pública por las autoridades de los tres niveles– crece la percepción de que han sido traicionados por la parte oficial, la cual no ha cumplido su palabra de liberar a los miembros de autodefensas presos –por portación de arma prohibida o incluso sin una imputación formal en su contra– y de limpiar la administración estatal y las municipales de elementos vinculados a la delincuencia organizada.

En contraste, el simple hecho de que la Federación no haya respondido a los reclamos de seguridad de la población hasta que una parte de ésta decidió empezar a procurarla por propia mano ha alentado el surgimiento de organizaciones de autodefensa en otras entidades del país; tal hecho, si bien puede contribuir a frenar en lo inmediato el auge delictivo, introduce a mediano plazo un peligro gravísimo de incremento de la violencia, mayor desgobierno regional y el surgimiento de poderes fácticos armados que podrían derivar hacia un fenómeno de paramilitarismo generalizado.

Tal perspectiva resulta más particularmente preocupante aún en entidades en las que la presencia delictiva y la inseguridad pública resultan particularmente agudas, como Chihuahua, Durango, Morelos, Veracruz, Guerrero y el estado de México. Precisamente ayer, en este último, las autoridades locales y federales anunciaron la puesta en marcha de un plan estratégico consistente en el desliegue de contingentes del Ejército, la Marina y la Policía Federal, combinado con tareas de inteligencia para detectar células criminales. Se trata de una fórmula que, en lo sustancial, se viene anunciando desde el sexenio pasado y que, a la vista de los resultados, no ha funcionado.

Es necesario que, en materia de seguridad y combate a la delincuencia, el poder público vaya más allá del enfoque meramente policial y represivo –indispensable, pero a todas luces insuficiente–, adopte una concepción integral del problema de la inseguridad y la crminalidad y comprenda la necesidad de emprender acciones sociales y económicas de fondo que modifiquen el caldo de cultivo de la criminalidad: la extendida corrupción, el desempleo, la miseria, la marginación, la postración económica, la desintegración social, así como las carencias educativas, santiarias y de servicios que afectan a buena parte de la población.