l duopolio que controla la mayor parte de las señales de televisión y radio del país está de plácemes: la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones enviada recientemente por el Ejecutivo federal al Legislativo (anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión) constituye un retroceso con respecto a las reformas constitucionales aprobadas el año pasado y permitirá, en caso de ser aprobada, la perpetuación del predominio empresarial sobre cualquier expresión social o pública en radio y televisión. Es, en suma, una normativa concebida y diseñada para beneficio de los actuales concesionarios, una suerte de redición de la ley Televisa, aprobada en 2006 y posteriormente declarada inconstitucional en sus partes medulares por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entre los puntos regresivos de la actual iniciativa cabe mencionar, por principio de cuentas, que apunta a perpetuar y fortalecer el predominio empresarial sobre el espectro radioeléctrico, circunstancia que violenta la libertad de expresión y el acceso a la información de otros sectores y propicia el sello mercantilista y publicitario de los contenidos, de por sí extremado en la actualidad; se plantea circunscribir la competitividad al ámbito de los capitales, o ni siquiera allí, a juzgar por las propuestas de reglas de preponderancia, inequívocamente redactadas para eximir a Televisa de esa condición, de las concesiones a 20 años con refrendo automático y de la concesión única hasta por 30 años.

Las disposiciones en materia de publicidad carecen de sanciones. Por si fuera poco, pretende restablecer poderes y controles presidenciales indebidos por medio de atribuciones otorgadas a la Secretaría de Gobernación, como supervisión de contenidos.

Un aspecto particularmente indeseable del documento referido es el intento de establecer un mecanismo de censura discrecional sobre las redes sociales mediante la posibilidad de que autoridades competentes ordenen a los proveedores de Internet suspender el servicio en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, con lo que se abren perspectivas de control autoritario y de opacidad por demás incompatibles con cualquier propósito democrático.

En suma, la propuesta del Ejecutivo federal de ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión revierte los aspectos positivos introducidos en la reforma constitucional del año pasado y constituye, en esa medida, un acto de simulación y de falta a la palabra empeñada, porque no hay en la primera ni la determinación de combatir a los monopolios ni la promoción de pluralismo, democracia y transparencia prometidos en la segunda. A la luz de esta iniciativa de ley secundaria resulta difícil no ver en aquellos propósitos reformadores un engaño deliberado.