Pese a que la corrupción tiene un costo para el país de alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) –según estimaciones de la iniciativa privada–, el órgano recientemente aprobado para combatir este flagelo sólo obedece a un cambio de nombre y carece de una estructura eficiente para ir al fondo de los ilícitos, por lo que la podredumbre del sistema continuará, advirtió el especialista Javier Esteinou Madrid.

De acuerdo con Global Financial Integrity, México ocupó el tercer lugar, sólo después de China y Rusia, en cuanto a la mayor exportación de flujos de dinero ilícito, y el más reciente informe de competitividad realizado por el Foro Económico Global plantea que el país ocupó la posición 88 en pagos irregulares y sobornos y el sitio 67 en la transparencia de formulación de políticas gubernamentales.

Tras de que la aprobación de la llamada Comisión Anticorrupción –que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP)– estuviera atorada por más de un año, el pasado 13 de diciembre, en el último día de sesiones del periodo ordinario, el Senado avaló este órgano que será autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Al respecto, Esteinou Madrid, experto en temas de transparencia y profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que antes de este nuevo órgano fue la Secretaría de la Contraloría, luego la SFP, las cuales sólo sirvieron para detener los grandes escándalos, sin combatir los ilícitos que han permeado en todos los niveles. Ahora, dijo, se llamará Comisión Anticorrupción, sin que esto signifique un cambio real para frenar, perseguir y castigar los delitos.

Acusó que los legisladores fueron tenues, débiles e irresponsables al no haber establecido planteamientos más radicales y al mismo nivel de los que se emplearon para realizar las reformas estructurales. Lo anterior refleja que esto es un barniz de moralidad, pero no un instrumento para enderezar la administración pública en el país.

El dictamen avalado por el Senado plantea que el nuevo órgano ejercerá tareas preventivas, de investigación y sanción de hechos de corrupción. Además, tendrá un titular que será nombrado por las dos terceras partes de los senadores y contará con un consejo consultivo, cuyos miembros serán elegidos por el Senado, mediante consulta pública transparente, así como por un representante del Ejecutivo federal, uno de la Auditoría Superior de la Federación y otro del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

El especialista destacó que, en principio, un órgano de esta naturaleza debió haberse integrado por sectores ciudadanos que realmente vigilen al gobierno y a las entidades privadas, con el rigor y la fuerza necesarios. Además, observó que al haber un representante de la Presidencia, esto puede contribuir a que los expedientes se desvíen y no se llegue hasta las últimas consecuencias.