egún información publicada ayer en el diario The Washington Post, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos posee un sistema capaz de procesar la totalidad de las llamadas telefónicas de cualquier país extranjero, y analizar las conversaciones hasta un mes después de grabadas, según personas vinculadas al proyecto y de acuerdo con documentos secretos obtenidos por el ex contratista Edward Snowden.

Esta información se produce un día después de que Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado estadunidense, aseguró tener grandes motivos para pensar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) espió computadoras de legisladores que investigan los programas de detención e interrogatorio que esa agencia aplicó en el extranjero a sospechosos de terrorismo.

A más de nueve meses de darse a conocer las primeras filtraciones realizadas por Edward Snowden sobre los programas de espionaje masivo de Estados Unidos, continúan saliendo a flote evidencias documentales sobre la extensión de una práctica delictiva que ha afectado a gobiernos, empresas, ciudadanos de todo el mundo –incluidos los estadunidenses– e incluso a los integrantes del Congreso del vecino país, en lo que constituye una clara vulneración al equilibrio y la separación de poderes.

Al amparo de esa vulneración masiva al derecho a la privacidad y a la seguridad de estados nacionales, organizaciones y particulares, Washington ha concentrado, mediante la obtención ilegal de información, un desmesurado poder en los terrenos geopolítico, económico, comercial, tecnológico y financiero.

A pesar de que los alcances de ese poder siguen siendo considerables, la divulgación de filtraciones como la comentada ha representado para Washington una pérdida de influencia, imagen y proyección mundiales, y es posible que ello se traduzca más pronto que tarde en una reconfiguración en la dinámica planetaria de los intercambios de información y en la consecuente erosión de uno de los pilares principales del poderío hegemónico estadunidense.

No es gratuito que el gobierno de Alemania –cuyos integrantes han sido víctimas del espionaje de Washington– haya propuesto recientemente la creación de una red de datos europea que evite el paso de las informaciones digitales por servidores informáticos estadunidenses, y que el grupo de economías emergentes conocido como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) haya impulsado, desde hace meses, la creación de una estructura internética alternativa, conocida como cablebrics, que pasaría por fuera de los grandes centros de telecomunicaciones estadunidenses y europeos.

En este contexto resulta doblemente inexplicable la obsecuencia del gobierno mexicano ante las pruebas de que la NSA realizó una vigilancia ilegal e injerencista en las más altas esferas institucionales del país, empezando por la Presidencia de la República. Tal postura es insostenible, por una parte, porque el espionaje es un delito tipificado en las leyes nacionales, que debe ser perseguido y sancionado, y por la otra, porque esa actividad ha proveído a Washington de numerosas ventajas ilegítimas en el contexto de una relación bilateral de por sí marcada por las asimetrías y el injerencismo en asuntos internos que sólo competen a los mexicanos.