El Senado aprobó anoche, en comisiones, la minuta de ley federal de consulta popular, con los candados que le impusieron los diputados, para impedir que las reformas constitucionales, como la energética, sean motivo de referendo.

La minuta prohíbe además que los ciudadanos participen y avalen con su firma más de una consulta popular e impone una serie de requisitos que sobre regulan el procedimiento, entre ellos la exigencia de que se presente no sólo la clave de elector para identificar a quien solicita ese mecanismo, sino también el número identificador derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar.

Los argumentos de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas, Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Piter y Angélica de la Peña, y del panista Javier Corral –el único de la bancada blanquiazul que se manifestó en contra–, de que la aprobación de la minuta anula el derecho constitucional de los ciudadanos a ser consultados sobre temas de trascendencia, no tuvieron eco ante una mayoría de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que tenían prisa por votar esa legislación.

Se aprobó con 15 votos a favor, 6 en contra y una abstención

La minuta se aprobó en lo general con 15 votos a favor, 6 en contra y una abstención. El senador Corral en un inicio llamó a sus compañeros del blanquiazul a preguntarse a quién representan, porque, resaltó, aquí parece que ha tenido más privilegio y cuidado la figura del Presidente que el derecho de los ciudadanos a decidir sobre la reforma energética.

Al final, Corral advirtió que puede presentarse una acción de inconstitucionalidad, ya que el adefesio anoche aprobado contradice lo establecido en el artículo 135 de la Carta Magna, donde se garantiza la consulta popular.

De entrada, el PRD, por conducto del senador Manuel Camacho Solís, propuso una moción suspensiva. Pidió posponer el dictamen de esa minuta hasta que la Corte decida en torno al recurso, al que ya dio entrada, sobre la constitucionalidad de someter a consulta la reforma energética.

Hizo notar que es increíble que existan todavía quienes quieran ser más papistas que el papa y pretendan proteger los intereses del presidente Enrique Peña Nieto, quien públicamente ya reconoció que la decisión sobre llevar a referendo la reforma constitucional que abrió la puerta a la privatización total del petróleo, queda en manos de la Suprema Corte de Justicia.

La moción fue rechazada y la discusión se centró en el artículo quinto, en el que se establece que serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso, así como los actos administrativos del Ejecutivo, siempre que sean de trascendencia nacional.

Tanto Encinas como Corral propusieron cambiar la redacción para incluir los actos legislativos del poder revisor de la Constitución establecido en el artículo 135, ya que de lo contrario quedan fuera de la posibilidad de ser llevadas a consulta la reformas a la Carta Magna.

Ese punto provocó posiciones encontradas entre los propios panistas que avalan la minuta de la Cámara de Diputados. Héctor Larios sostuvo que con esa redacción del artículo quinto es posible llevar a consulta modificaciones constitucionales. Sin embargo, Roberto Gil Zuarth dijo que en ninguna parte de la Carta Magna se señala que pueda ser modificada por una consulta popular.

Gil Zuarth ayudó ayer a la priísta Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, a acelerar la discusión. Se pretende votar el dictamen ante el pleno el próximo martes. Hay una serie de cambios pactados entre el PRI y el PAN, pero en torno a puntos menores.