Un ex superintendente de grúas y un funcionario del área de licitaciones de Caminos y Puentes Federales (Capufe) integraron un grupo delictivo que defraudó a más de 30 empresas constructoras del país, a las que ofrecieron todo tipo de obras. Las compañías descubrieron el engaño cuando las afianzadoras acudieron a reclamar contratos, anticipos o el inicio de las obras, explicó el director jurídico del organismo, Jorge Jiménez Zárate.

El funcionario señaló que este hecho no puede vincularse con el incidente que sufrió el director de Capufe, Benito Neme, una madrugada sobre la carretera México-Cuernavaca.

Detalló que los defraudadores se apoyaron en un equipo de 11 personas que tenían gran movilidad y estaban bien organizados, ya que haciéndose pasar por funcionarios ofrecieron obras a empresarios de Querétaro, Chiapas, Morelos y otras partes del país, con contratos inexistentes.

Explicó que sólo se ha detectado a esta célula de defraudadores, a los que fincaron responsabilidades por lavado de dinero. No sé si otras administraciones se dieron cuenta o no, pero se trata de una organización perfectamente estructurada. Sí es un jefe de grúas, es una persona que no tenía la suficiente actuación dentro de Capufe, pero también es cierto que todo lo que se denunció eran hechos falsos: los contratos no existían, los servidores públicos no existían, los tramos no existían.

Dijo que Capufe no ha identificado otra célula criminal y que tampoco investiga a la administración anterior, eso lo decidirá el Ministerio Público. El daño estimado a las empresas hasta ahora es de 60 millones de pesos, pero podría ser mayor conforme avance la investigación.

Jiménez Zárate dijo que no puede determinar si las constructoras fueron sorprendidas por el grupo encabezado por José Ignacio Mojica, pero aseguró que se trata de empresas que por lo menos han trabajado con el organismo una o dos veces.

Explicó: “Nos dimos cuenta (de las irregularidades) porque tuvimos quejas de varios constructores que acudieron a nosotros para decirnos ‘por qué no das cumplimiento a mi contrato, ahí dice que debí haber recibido un anticipo’. Hubo incluso quien llegó y dijo: ‘oye, dáme mi tramo para que empiece a trabajar’, y a partir de las quejas dijimos: no podemos”. Después llegaron las afianzadoras y a partir de ello se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), el 17 de septiembre de 2013.

Agregó que el patrimonio y presupuesto de Capufe no sufriron daños porque al momento en que los constructores y las afianzadoras fueron a reclamar anticipos o el inicio de obras, el organismo desconoció los documentos que presentaron.

El director jurídico advirtió a los constructores que Capufe no hace adjudicaciones directas ni lo hará en los cien proyectos previstos para este año. Explicó que en la actual administración cambió el mecanismo de licitación, ya que antes 80 por ciento de concursos se desarrollaba en los estados, lo que daba una marcada disparidad en criterios y métodos de aplicación, falta de comités de adquisiciones, de comités de evaluación, por eso el número se invirtió y ahora 20 por ciento se licita en los estados y 80 por ciento en áreas centrales, porque aquí la dirección de infraestructura carretera tiene una dirección técnica que revisa los proyectos, aprueba los conceptos de obra y se hace la licitación.