A pesar de las declaraciones de buena voluntad del actual gobierno y de las iniciativas legales que ha propuesto en materia de derechos humanos, en México siguen ocurriendo graves violaciones y abusos, como desapariciones forzadas, ataques contra migrantes indocumentados y hostigamiento contra periodistas y defensores de las garantías individuales, en medio de una casi total impunidad, señaló Amnistía Internacional (AI).

En el documento titulado Los retos de México en materia de derechos humanos, el cual entregó el lunes pasado el secretario general de esa organización, Salil Shetty, al presidente Enrique Peña Nieto, durante una reunión privada, se advierte que el país enfrenta una situación de crisis en ese terreno, la cual debería ocupar el mismo nivel de importancia que las reformas económicas y políticas.

En el memorando, presentado ayer en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se lamenta que las acciones del gobierno de Peña Nieto en derechos humanos han brillado por su ausencia, y enfatiza que para cambiar realmente la cultura de abusos e impunidad no basta con utilizar una mera postura retórica.

Entre los temas destacados en el texto de 12 páginas se encuentra el de las reformas legales en materia de derechos humanos –en particular los cambios constitucionales de junio de 2011–, las cuales aún no han sido verdaderamente llevadas a la práctica.

Con respecto a temas de seguridad, AI mencionó que el desafío es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población, así como sancionar cualquier posible abuso que puedan cometer tanto las fuerzas del Estado como los grupos de autodefensa.

Sobre las desapariciones forzadas, el organismo internacional subrayó que las autoridades aún no han depurado la lista de más de 26 mil víctimas de este crimen.

Sigue sin operar, precisó, la base de datos sobre desaparecidos, y la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República (PGR), aún debe demostrar que es capaz de intervenir efectivamente.

Sobre el sistema de justicia penal, AI apuntó que las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias, igual que el uso del arraigo.

En cuanto a la justicia militar, indicó que miembros del Ejército y la Marina siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, por lo que llamó a delimitar el fuero castrense de manera tal que ningún abuso cometido por uniformados contra civiles pueda juzgarse en dicho ámbito.

Sobre migración irregular alertó que en México muchos trabajadores de otros países que no poseeen documentos continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otros son víctimas de secuestro, trata, abuso sexual y homicidio por parte de las bandas criminales, que a menudo operan en colusión con las autoridades locales.

Advirtió que los defensores de derechos humanos y periodistas siguen padeciendo ataques, amenazas, intimidación, secuestro y ejecuciones, en represalia por su labor, en medio de una impunidad casi total.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Shetty aseveró que la reunión del lunes pasado con Peña Nieto fue muy abierta, y celebró que el Presidente se tomara el encuentro muy en serio, al invitar a los titulares de la PGR y de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.

El economista indio recordó que Peña Nieto le mencionó la presentación que hizo su gobierno de algunas iniciativas legales sobre derechos humanos, para comprobar su interés en esta materia, ante lo cual respondió que si verdaderamente está comprometido en dicho ámbito, debe ir más allá de las declaraciones y la promulgación de normas, para empezar a tomar acciones concretas.

Consultado sobre la aparición del Presidente en la portada de la revista Time –con el titular Salvando a México–, el dirigente de AI declinó opinar sobre la publicación, pero dijo que si el mandatario quiere realmente salvar al país, tiene que dar resultados tangibles en cuanto a defensa de las garantías individuales.

Sobre los grupos de autodefensa, Shetty apuntó que aunque la crisis de inseguridad es muy complicada y estos colectivos pueden dar cierto apoyo social, no estamos convencidos de que este modelo sea la solución.

Al recalcar que la seguridad pública es una atribución únicamente del Estado, el activista se preguntó cómo va a controlar el gobierno a las autodefensas si en ocasiones no es capaz de hacerlo con sus propios soldados y policías.

El surgimiento de estos grupos, reiteró, puede generar un alto nivel de arbitrariedad y discrecionalidad en cuanto al uso de la fuerza.

Rupert Knox, investigador de AI especializado en México, indicó por su parte que la población más vulnerable sigue teniendo pocas oportunidades de acercarse al gobierno para pedir ayuda cuando sus derechos son vulnerados, por lo que llamó a las autoridades a dar resultados pronto.