errocar gobiernos democráticos, al menos en América Latina, requiere un elaborado plan donde se busca deslegitimar las políticas populares bajo el argumento de ser portadoras de odio social e ideologías ajenas a la idiosincrasia nacional, identificándolas con el marxismo, el comunismo o el socialismo. Dichas ideologías atentarían contra la propiedad privada, la paz, la familia cristiana, la religión católica o la libertad individual, poniendo el peligro la unidad de la patria. Los responsables de tal situación no son otros que los partidos de izquierda, al querer instaurar un orden totalitario cuyo propósito sería aniquilar la oposición y amordazar la prensa. Así se desarrolla el lenguaje de la desestabilización y se urde la trama del golpe de Estado. El postulado es maniqueo. La patria está secuestrada en manos de revolucionarios, sin principios ni moral. Es necesario acudir al rescate. De esta forma se llama a movilizarse, tomar la calle, protestar y rebelarse contra el gobierno. Invirtiendo las tornas, los conspiradores se apropian del discurso democrático y comienzan a practicar la violencia callejera, la descalificación política y la provocación. Buscan tensar la cuerda y obligar al gobierno a tomar decisiones que puedan presentarse ante la opinión pública como parte de la intolerancia y la negativa al dialogo. Buscan cabezas de turco caídas en defensa de la libertad, víctimas de las hordas chavistas. Hay que provocar, convocar manifestaciones no autorizadas, hacer declaraciones desconociendo el poder legítimo, practicar el sabotaje, asaltar locales públicos, bloquear calles, paralizar el transporte, poner bombas en centros neurálgicos, etcétera.

En este contexto, la oposición se proclama salvaguarda de los valores nacionales, defensora de la paz, la familia, la libertad individual, la propiedad privada, la libre empresa y la economía de mercado, y sus dirigentes serían la avanzadilla de una cruzada contra el chavismo y el comunismo marxista, que derrocará el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se presentan como héroes vilipendiados y mártires redentores. Es el precio a pagar para recuperar la ansiada libertad.

Revertir procesos democráticos como el que vive Venezuela desde 1999 conlleva una hoja de ruta en dos frentes, en el campo de la política interna y el escenario internacional. En el plano exterior, se organizan simposios, conferencias y debates, proyectando una imagen de Venezuela sumida en el caos económico, el odio de clases y la ingobernabilidad. Asimismo, recaudan fondos para promover la desestabilización. En otro orden de cosas, los opositores realizan visitas a sus aliados de la derecha mundial, presidentes de gobiernos, líderes conservadores o representantes de las internacionales. Se busca la complicidad y restar apoyos al gobierno constitucional de Venezuela, frenar inversiones, acuerdos o simplemente torpedear las relaciones institucionales. Nada se deja al azar. Por ejemplo el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, recibió a Capriles y la entrante Bachelet se deja fotografiar con Leopoldo López. La prensa y los medios de comunicación también juegan su papel. Desvirtuar al máximo la realidad con el fin de crear una opinión internacional favorable al golpe de Estado, haciéndose eco del discurso desestabilizador. En esta ocasión, como en otras, no importa manipular la información, mostrando material fotográfico o videos de archivo correspondientes a la represión en Chile, Grecia o Egipto y ponerlos como si acontecieran en Venezuela.

En esta coyuntura no puede faltar la intervención de Estados Unidos, gendarme de la zona. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, señala su preocupación por los acontecimientos en Venezuela y el secretario de Estado, John Kerry, asiente al concretar que hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que proporcione espacio político necesario para un diálogo y para que libere a los manifestantes detenidos. Como en los años ochenta del siglo XX, a quienes desestabilizan se les considera luchadores por la libertad, término acuñado por la administración de Ronald Reagan para adjetivar a los mercenarios y la contra nicaragüense. Asimismo, su embajada alienta y promueve la intervención en asuntos internos. Para ello se vale de sus agregados culturales, militares, etcétera.

En el plano interno, políticos, académicos, periodistas, empresarios, comunicadores, instituciones, organizaciones no gubernamentales y movimientos gremialistas constituyen la avanzada. Ellos se convierten en la mano que mece la cuna. Son portavoces y sujetos de la conspiración; su función, paralizar las actividades productivas, desgastar al gobierno y boicotear las políticas sociales. Deben crear una imagen sobrecargada de violencia e inseguridad ciudadana. En esta labor fabrican rumores que favorecen el acaparamiento de bienes de primera necesidad, fomentando el mercado negro, la desinversión y la especulación. Todo suma en esta campaña destinada a desacreditar al gobierno del presidente Maduro y provocar la repulsa de la comunidad internacional. Especialistas e intelectuales son la guinda del pastel. Se consideran disidentes, víctimas del socialismo del siglo XXI. Hablan de totalitarismo, corrupción y nepotismo. Bien retribuidos, se les da voz y pasea por las cadenas de televisión privadas, las radios y los periódicos afines de todo el mundo. Sus palabras consiguen caricaturizar la realidad y ridiculizar a sus dirigentes, calificándolos de megalómanos, locos o iluminados. El siguiente paso de esta estrategia es pedir el retorno al pasado, al capitalismo de usura, para sí recuperar sus privilegios. Para ello llamarán a la unidad nacional en pro de un golpe de Estado que los legitime.