roductores de maíz de Jalisco se manifestaron el pasado viernes fuera del Congreso estatal en reclamo por el incumplimiento, por parte del gobierno de esa entidad, de un acuerdo hecho hace tres meses para garantizar el pago de la tonelada del grano a 4 mil 100 pesos. Dicha demanda había llevado ya a los productores a bloquear distintas carreteras durante noviembre y diciembre.

Por su parte, en Chihuahua, organizaciones sociales y grupos de fruticultores han venido exigiendo a los gobiernos federal y estatal la puesta en marcha urgente de un plan de rescate para los productores de manzana de ese estado –cuya cosecha del año pasado sigue almacenada por falta de mercado– que incluya la aplicación de cuotas compensatorias para las importaciones de esa fruta y programas de empleo temporal para los jornaleros.

Los hechos que se comentan son muestra de los problemas que enfrenta un sector mayoritario de la producción del campo nacional, a raíz de la apertura indiscriminada de los mercados agrícolas a las importaciones, el desmantelamiento de las instituciones de apoyo a agricultores y la eliminación de los precios de garantía. El empecinamiento de los sucesivos gobiernos neoliberales por colocar todos los ámbitos de la economía nacional bajo el arbitrio del mercado, provocaron el despoblamiento del agro nacional, la concentración de tierras y recursos en grandes agroindustrias, en detrimento de comunidades, ejidos y pequeños propietarios. Todo ello ha tenido consecuencias nefastas en la alimentación, la soberanía y la seguridad: al día de hoy, la autosuficiencia alimentaria es una perspectiva lejana y casi irrealizable, como consecuencia de la importación creciente de cultivos básicos, incluso de aquellos considerados de carácter estratégico para el país, como el maíz, cuyas importaciones se han cuadriplicado en la reciente década y actualmente constituyen 30 por ciento del consumo nacional de ese producto.

Bajo estas reglas de juego, la subsistencia de la población queda al arbitrio de los mercados mundiales y sus vaivenes, en tanto que los beneficios son acaparados por un puñado de intermediarios a gran escala y por cadenas comerciales que compran productos agrícolas a precios irrisorios, depredadores, especulando durante meses con el pago a los productores.

Los recurrentes escenarios de conflicto social que surgen como consecuencia de este modelo de depredación, y el hecho mismo de que el abasto alimentario de la nación se encuentre en situación de persistente vulnerabilidad, debieran llevar a los encargados de la conducción político-económica del país a comprender que el sector agrario no debe dejarse abandonado a su suerte ni a la incierta regulación del libre mercado, sino que requiere la intervención estatal, con mecanismos de regulación y protección a productores, como los que operan en países desarrollados de Europa, en Estados Unidos y en Japón, por mencionar algunos. No es gratuito que esas naciones, que pregonan el libre comercio para el mundo, se abstengan de aplicarlo en sus propios mercados agrícolas.