alil Shetty, secretario general de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), señaló ayer que durante el sexenio pasado se reportaron entre 26 mil y 27 mil desapariciones en el país, y advirtió que esa cifra resulta tanto más alarmante en la medida en que no hay un solo caso en que haya habido justicia, verdad, en que se hayan rendido cuentas claras.

La omisión señalada por el funcionario es sumamente grave porque exhibe al Estado mexicano como reacio a asumir la responsabilidad inocultable que tiene en todas y cada una de las desapariciones, por cuanto éstas ocurrieron en el contexto de una dislocación de la seguridad pública –cuya preservación es una obligación estatal irrenunciable– que fue agravada, además, a consecuencia de una política gubernamental: la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

Es inconcebible que decenas de miles de personas puedan ser sustraídas con violencia de su entorno cotidiano sin responsabilidad precisa, por acción o por omisión, de las máximas autoridades, y sin que medie un menosprecio institucionalizado por la vida y los derechos humanos básicos.

Con esas consideraciones en mente, la persistente impunidad de las desapariciones ocurridas en el país en los últimos años requiere de un ejercicio de procuración de justicia inmediato, exhaustivo y transparente para impedir que esos crímenes cometidos en la guerra contra la delincuencia desatada por Felipe Calderón, queden sin castigo.

Por desgracia, es evidente que entre los integrantes de la pasada administración federal prevalece la percepción, e incluso la certeza, de que ese esclarecimiento necesario no tendrá lugar, como tampoco el deslinde de responsabilidades por esas desapariciones: muestra de ello es que la misma semana en que AI se reunió con familiares de desaparecidos durante el pasado sexenio, Felipe Calderón reactivó su presencia política en la escena nacional con la presentación de una fundación, a pesar de la inocultable responsabilidad política que tiene el ex gobernante en la desastrosa situación que aún vive el país en materia de seguridad.

En suma, si la administración que encabeza Enrique Peña Nieto tiene una voluntad real de afrontar la problemática de quebranto al estado de derecho heredada por su antecesora, pero que ha prevalecido a largo del primer año de este gobierno, debe empezar por un examen de las decisiones institucionales que hicieron posible este aspecto de la catástrofe de seguridad en que se encuentra el país.

Resulta indispensable que el Ejecutivo federal, principal encargado constitucional de la seguridad pública y de la vigencia de las garantías individuales, revise las decisiones que llevaron al Estado mexicano a fallarle a la población de manera tan persistente y ello incluye, desde luego, deslindar las responsabilidades de los funcionarios o ex funcionarios que las tomaron.