El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, celebró que el 6 de febrero pasado el pleno del Senado avalara el retiro de la reserva expresa al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, referente a la aplicación del artículo 33 de la Constitución, reformado en junio de 2011.

Lo anterior, dijo, se da en seguimiento a la larga tradición en materia de asilo que ha desarrollado México.

Con el retiro de la reserva, el Estado mexicano no deberá expulsar a personas refugiadas que se encuentren legalmente en el territorio nacional, a no ser por razones de seguridad o de orden público, y en todo caso la decisión deberá apegarse al debido proceso, conforme a los procedimientos legales vigentes, y sin perjuicio de la observancia del principio de no devolución.

Mediante un comunicado, se informó que la CNDH estará pendiente del desarrollo de este dictamen que ya fue remitido al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.

Éste es, sin duda, un paso más que se suma al de la promulgación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y su reglamento, que incluyen importantes principios del derecho internacional de los refugiados, como el principio de no devolución, la no discriminación, la no sanción por ingreso irregular, la unidad familiar, el interés superior del niño, la no notificación consular y la confidencialidad, manifestó el ombudsman nacional.

Agregó que con estas medidas México avanza en su compromiso de poner a salvo de riesgos de muerte, tortura y tratos inhumanos y crueles, a personas que se han visto forzadas a abandonar su país de origen por temor a ser perseguidas por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, género, o su opinión política, o bien a quienes huyen de los conflictos armados, de la violencia generalizada o de violaciones masivas a los derechos humanos, y no cuentan con la protección de su propio país.