Chilpancingo, Gro.

Al empezar la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Costa Sur de Guerrero, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, escuchó casos de impunidad, como el secuestro y asesinato de tres luchadores sociales de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPEZ), en Iguala, hace un año; la explotación y los riesgos laborales extremos de los mineros de Taxco, en huelga desde hace siete años contra el Grupo México, de la familia Larrea, y la defraudación de jornaleros con la complicidad de gobernantes locales.

Ante los grupos demandantes, el prelado advirtió: Esos políticos que ahora los persiguen y perjudican deben saber que ahora son observados por la sociedad, que no son intocables y que, aunque tarde, la justicia los va a alcanzar.

A los pies de Raúl Vera, que encabezó el primer encuentro de la misión humanitaria, sobre la tarima en la alameda local, un pequeño jugaba con sus carritos, ajeno a los discursos. Ahora es huérfano. Es hijo de Arturo Hernández Cardona, secuestrado junto con siete compañeros el 30 de mayo de 2013, después de un bloqueo de la caseta de entrada a la ciudad de Iguala. Tres de ellos fueron asesinados

Cuatro huyeron de la región, por las amenazas. Sólo uno, Nicolás Mendoza Villa, ha permanecido en Iguala, amenazado y protegido por fuertes medidas cautelares, para rendir su testimonio en el proceso judicial donde el presidente municipal, José Luis Abarca, de filiación perredista, es señalado como responsable del triple homicidio.

Sofía Mendoza, viuda de Arturo Hernández Cardona y regidora del ayuntamiento, aseguró que las sospechas que recaen sobre el edil Abarca por la muerte del esposo de Sofía y sus compañeros Ángel Román y Rafael Bandera son fundadas. En entrevista, refirió que en una reunión de trabajo, la víspera del secuestro, el propio alcalde profirió amenazas contra los líderes de la organización que desde hace meses reclamaban obras para las colonias populares de la cabecera municipal y fertilizantes para campesinos.

“Abarca siempre ha actuado como un pequeño rey. Cada audiencia que dio a los activistas de la UPEZ terminaba en pleito, por su actitud. Un día antes del bloqueo de la caseta les advirtió: ‘Y dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo.’”

Hernández Carmona, ingeniero agrónomo, asesor agropecuario, fundador del PRD local como parte del grupo bejaranista Izquierda Democrática Nacional (IDN), preguntó al munícipe:

–¿Qué trabajo, presidente? Vamos a pensar que nos está amenazando.

Al día siguiente, centenares de campesinos, acompañados por los líderes de la UPEZ, participaron en el bloqueo carretero, que fue intermitente. Terminó en un par de horas, antes de las tres de la tarde. Los activistas se dispersaron. Menos los últimos ocho, que se retiraron al final. Entre ellos estaban Hernández Carmona, Román y Bandera. Sus familias esperaron en vano ese día y los buscaron sin resultados durante tres días.

Tres días después, un telefonema anónimo, no una llamada oficial, le avisó que se presentara al forense local para identificar unos cuerpos que fueron encontrados en la cercana localidad de Mezcala, en un paraje que en los años recientes se ha convertido, a decir de los lugareños, en lúgubre tiradero de cuerpos y cabezas.

Raúl Vera, obispo de Saltillo, estuvo en la Costa Sur de Guerrero en el comienzo de la Misión de Observación a Derechos Humanos, donde escuchó casos que se mantienen impunes y en espera de justicia, como el secuestro y asesinato de tres luchadores sociales de la UPEZ, ocurridos en la ciudad de IgualaFoto María Meléndrez Parada

En efecto, los restos encontrados pertenecían a los líderes sociales y todos presentaban huellas de tortura.

Sofía Mendoza, también militante del PRD, habló con los coordinadores del grupo político al que pertenecía su esposo, gente de René Bejarano en el Distrito Federal. ¿Y no será que se fueron de parranda, compañera?, dice la ahora viuda que le respondieron.

El caso, aún impune, involucra al PRD, al que pertenecía una de las víctimas y del que es miembro el principal señalado con responsabilidad, el presidente municipal. La regidora, también militante del sol azteca, solicitó apoyo a Bejarano para interponer ante el Congreso local una demanda de revocación de mandato contra el alcalde. El líder de IDN se lo negó. La demanda de Sofía Mendoza no ha prosperado en la capital estatal.

El propio obispo Vera, junto con el Centro Internacional por la Justicia Social (Cejil), llevó a Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de los tres activistas asesinados.

Sobre este asunto, el obispo de Saltillo, que encabeza la misión, expresó que hay autoridades que ven como enemigos a quienes exigen sus derechos. Y se preguntó: ¿Qué entienden estos servidores por servicio público, por patria, por ciudadanía? Más bien parecen carniceros estos que han llegado al poder.

A mediodía, a su ingreso a la ciudad, decenas de campesinos lo recibieron con collares de flores. Un contingente de trabajadores de la minería, con sus cascos calados, hizo una valla de honor. Son de la sección 17 del STMRM, procedentes de Taxco, de las minas de plata pertenecientes al Grupo México, los mismos dueños de las minas de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Los mineros de Taxco estallaron su huelga en 2007 –junto con los de Cananea y Sombrerete–, y su movimiento fue reconocido como legal. Su dirigente Roberto Hernández Mújica explicó que en ese lapso los empresarios del Grupo México no han reconocido a la dirigencia de la sección 17 ni han querido negociar las condiciones de seguridad que demandan los trabajadores, que en el pasado sufrimos sinnúmero de accidentes, que van desde menores hasta fatales, por las pésimas condiciones de trabajo. La empresa siempre respondió que prefería pagar multas por esa situación de inseguridad que invertir para proteger a los mineros.

Este lunes la caravana de organizaciones que integran la misión, y que incluye entre otras a la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez y el Servicio Internacional para la Paz, estará en Ayutla de los Libres, donde conocerán el hostigamiento contra miembros de la Organización del Pueblo Indígena Meph’a y el caso de los policías comunitarios de El Paraíso, presos y dispersos en distintos centros de máxima seguridad del país.