n días pasados, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Democrática incursionaron en el ejido 10 de Abril, municipio autónomo 17 de Noviembre, Chiapas, donde agredieron a campesinos zapatistas e hirieron de gravedad a tres. Posteriormente impidieron el paso a una ambulancia del hospital San Carlos que se dirigía a auxiliar a los lesionados, secuestraron al conductor, retuvieron el vehículo y agredieron a las religiosas que lo acompañaban. Diversas juntas de buen gobierno (JBG) han señalado que la CIOAC Democrática busca despojar a pobladores zapatistas de tierras repartidas en 1994, que los ataques datan de 2007 y que se han intensificado recientemente. De hecho, en octubre del año pasado y el 27 de enero del presente, el ejido 10 de Abril sufrió incursiones vandálicas de ese mismo grupo.
Los hechos referidos son botón de muestra de los conflictos que persisten en el agro chiapaneco a más de 20 años de la rebelión zapatista de 1994, para los cuales ninguno de los gobiernos federales y estatales ha podido o querido construir soluciones. Por el contrario, con frecuencia el poder público los ha atizado mediante la conformación de grupos armados y el respaldo a la beligerancia de comunidades antizapatistas; en tanto, la clase política en general se mantiene empecinada en desconocer los acuerdos de San Andrés y propicia, de esa forma, la explosividad en Chiapas.
En diversos puntos del resto del país las políticas neoliberales aplicadas al campo –motivo fundamental del alzamiento chiapaneco– han ido generando otros puntos de conflicto, desde la incursión de proyectos mineros y energéticos trasnacionales y depredadores hasta la inseguridad y la violencia que padecen extensas zonas del agro nacional a consecuencia del auge de organizaciones delictivas, fenómeno que tiene raíces profundas en el abandono de obligaciones básicas del Estado, la corrupción tolerada de instancias del poder público y la depauperación, la marginación, el desempleo, así como el abandono de toda la actividad nacional –incluidas las agrarias y extractivas– a las lógicas del libre mercado.
Tales son los factores comunes entre fenómenos que, por lo demás, resultan tan distintos y distantes entre sí como el zapatismo chiapaneco, las resistencias de Wirikuta, Temacapulín o La Parota, y la proliferación de grupos agrarios de autodefensa en diversos puntos del territorio nacional.
Es fundamental, para la seguridad y la estabilidad que quedan en el país, que el grupo gobernante deje de ver al campo como un pasivo que debe ser desmantelado y convertido en oportunidades de negocio. Son muchas y variadas las señales de alarma y tal vez escaso el tiempo que queda para empezar a atenderlas.
