l jefe de Gabinete del gobierno argentino, Jorge Capitanich, denunció que la trasnacional petrolera Shell está operando en la nación sudamericana con actitud conspirativa y atentatoria y contraria a los intereses del país, luego de que, de manera unilateral, la corporación decidió incrementar 12 por ciento el precio de los combustibles en su red de gasolineras.

El conflicto entre Buenos Aires y la empresa tiene historia. Ya en 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner llamó a los consumidores de su país a emprender un boicot contra la empresa de capital mayoritario británico-holandés debido a un aumento arbitrario de precios decidido por la firma. A principios de este año el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acusó a la Shell de haber promovido la devaluación de la moneda argentina –que sufrió una depreciación de 12 por ciento– mediante la compra masiva de dólares a mayor precio del que en ese momento tenían en el mercado.

Fuera de Argentina, la trasnacional tiene un historial manchado por la especulación fraudulenta con sus reservas; la responsabilidad en desastres ambientales, como el ocurrido en el delta del río Níger, en Nigeria, y el que tuvo lugar en Magdalena, Argentina, en 1999; el mal manejo de la seguridad industrial y laboral; su participación en violaciones a los derechos humanos (Nigeria), señalada por Amnistía Internacional y otros organismos, y las sospechas de corrupción política (Estados Unidos).

Con independencia de las prácticas indebidas o delictivas de esa trasnacional, es claro que su decisión de incrementar los precios de sus productos en Argentina se inscribe en una campaña de los capitales internacionales para desestabilizar al gobierno de ese país, campaña que el pasado fin de semana incluyó un editorial de The Wall Street Journal (WSJ), en el que se alerta sobre la supuesta inminencia de una nueva megadevaluación inevitable en la nación austral, lo que constituye un claro intento de sembrar alarma entre los inverisonistas y los circuitos financieros internacionales, a fin de multiplicar los problemas que atraviesa la economía argentina.

Pero el hecho de que Shell participe en esa ofensiva desestabilizadora lleva a reflexionar sobre las reglas del juego neoliberales impuestas hace más de una década, durante el gobierno de Carlos Menem, que no sólo cedieron a trasnacionales como la referida atribuciones y funciones antes reservadas al sector público, sino que, para colmo, dejaron al Estado argentino sin instrumentos para controlar los precios de los energéticos en el mercado local. Para un proyecto político con una clara determinación de recuperar la soberanía económica, como ha sido el postulado por la actual presidenta y por su difunto esposo y predecesor en el cargo, esas reglas del juego imponen una vulnerabilidad indeseable.

Para finalizar, el grupo gobernante mexicano tendría que verse en el espejo argentino y comprender la equivocación que cometió al reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia de energía y sentar las bases para la llegada, a territorio nacional, de corporaciones como la británico holandesa. Asimisimo, tendría que consagrarse a formular leyes secundarias que doten al poder público de suficientes instrumentos para acotar y controlar las operaciones de esa clase de empresas trasnacionales e impedir que utilicen su posición para participar en actividades de desestabilización política y económica.