A más de un año de que el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió su desaparición, la Secretaría de la Función Pública (SFP) seguirá existiendo en el organigrama federal, con un encargado de despacho, debido a que el organismo que la sustituiría no ha sido aprobado por el Congreso.

El Senado, en su última sesión –el viernes 13 de este mes–, aprobó de manera abrupta, sin discusión, el Órgano Autónomo de Combate a la Corrupción, pero quedó pendiente en la Cámara de Diputados porque ésta ya había concluido sus trabajos.

Alejandro Encinas, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que el Congreso deberá ahora emitir una nueva ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, en la que se incluirá la creación de organismos autónomos en los estados para combatir este problema.

La raíz de la corrupción

Con la creación de este nuevo órgano se tiene que avanzar en el desarrollo de instrumentos de carácter institucional que permitan construir un sistema integral y transversal, para que las acciones de combate a la corrupción sean efectivas, se termine la impunidad y la discrecionalidad con la autoridad y se permita la coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y la Auditoría Superior de la Federación.

El perredista detalló que uno de los avances más importantes es la creación de una fiscalía autónoma anticorrupción dentro de la Procuraduría General de la República, en tanto ésta logra constituirse en una fiscalía autónoma a escala nacional, como se aprobó en la reforma política electoral, recién aprobada”.

El combate a la corrupción, aseveró Encinas, tiene que transitar en un desarrollo institucional que cambie la actitud de los funcionarios públicos, pero también que ayude a construir una cultura política y cívica que permita atacar desde la raíz el problema de la corrupción.

La reforma constitucional establece el carácter de órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio del nuevo órgano anticorrupción y señala que su titular será nombrado por el Senado y que sus funciones fundamentales serán las de desarrollar programas y acciones para difundir y promover la ética y honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad y podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, destacó el senador del PRD.