on esa pausada capacidad de reacción el país está frito. Transcurrieron poco más de dos décadas (de Salinas a la fecha), durante las cuales se entregó la riqueza minera a particulares y se restauró la Colonia, y sólo hace muy poco algunos grupos políticos organizados, con sus diputados y senadores, por fin registraron la dimensión del saqueo de los barones de la minería y el descarado contubernio con las supuestas autoridades. Sólo hasta ahora, ya que el daño está hecho. Lentos, pero seguros.

Y si el saqueo ya era descomunal, pues al gobierno federal, y a los senadores y diputados se les ocurrió que era conveniente incrementarlo: “en la madrugada del martes 10 de diciembre, ´cambios de última hora que introdujeron PRI y PAN en el dictamen (en materia de energía, ya votado por el pleno) permiten que las empresas mineras que operan en el país (…) puedan explotar el petróleo y gas, asociados a los yacimientos de carbón u otros minerales que formen parte de la concesión que se les haya asignado’”, y por las cuales, dicho sea de paso, pagan entre 5 y 111 pesos por hectárea. “Este añadido de última hora se suma a las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que permiten la apertura total al capital privado en la exploración y explotación de petróleo, en su industrialización, así como en la generación de electricidad, actividades reservadas hasta hoy al Estado (La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).

Para dar una idea de qué se trata, tan sólo en el sexenio del inefable Felipe Calderón el valor de la producción minero-metalúrgica en el país (concentrada en un 95 por ciento por los grandes consorcios privados nacionales y foráneos, principalmente canadienses), fue cercano a 100 mil millones de dólares, mientras que en el mismo periodo su inversión se aproximó a 25 mil millones de billetes verdes, una diferencia de cuatro tantos entre uno y otra. Y esta información la aporta la Camimex, la cámara patronal del ramo.

No es gratuito, pues, que sólo en ese periodo empresarios como Germán Larrea (el zar del cobre, el de Pasta de Conchos) y Alberto Bailleres (el zar de la plata, totalmente Palacio) incrementaran sus fortunas personales (cifras de Forbes) en mil 570 y 550 por ciento respectivamente (de mil a 16 mil 700 millones de dólares, y de 2 mil 800 a 18 mil 200 millones, en cada caso), y más allá del aumento de los precios de los metales, el factor fiscal fue determinante en dicha evolución. Con los panistas en Los Pinos, las concesiones mineras (y el número de hectáreas que ellas amparan) crecieron como la espuma, al igual que las fortunas de los barones, sin que al país le representara beneficio alguno.

En noviembre de 2011, La Jornada documentó lo que apenas ahora comienza a ser denunciado: “tanto ha dado, y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México (cifras del Inegi).

“En esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el tercer hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después (ahora suman siete) de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de Conchos, Coahuila.

“Sorprende la inagotable riqueza de esta tierra, pero no el resultado de los empresarios mineros, porque ese grupo de voraces capitalistas que se beneficia con los bienes nacionales alcanzó tales volúmenes de producción y utilidades no sólo por el uso de modernas técnicas de extracción sino, especialmente, por el vastísimo territorio que los gobiernos panistas les entregaron, y lo siguen haciendo, en forma de miles de concesiones mineras (50 años de vigencia, renovables), las cuales, en dicho periodo, amparan alrededor de 52 millones de hectáreas (ahora son más de 60 millones de hectáreas), equivalentes a 26 por ciento del territorio nacional (30 por ciento actualizado).

Esa vastísima riqueza concedida a los consorcios mineros privados no acaba allí, pues se adereza con generosas exenciones fiscales, autoridades serviciales, leyes laxas e incumplidas, complicidad del poder político y judicial, daño ecológico, persecución sindical, outsourcing (hoy legalizado), inseguridad e insalubridad para los trabajadores, y miserable explotación de la mano de obra, entre otras gracias, como en los mejores tiempos de la Colonia. Así, las cerca 52 millones de hectáreas de territorio nacional que, en una sola década, entregaron los gobiernos de Fox y Calderón al gran capital minero que opera en el país, son equiparables a las 50 millones de hectáreas que las compañías deslindadoras arrebataron a los pueblos originarios para entregárselas a los terratenientes nacionales y extranjeros entre 1883 y 1906, durante la dictadura de Porfirio Díaz.

¿Qué ha recibido a cambio el país, dueño de la riqueza mineral, siempre que se ella se mantenga en el subsuelo? (como ahora el petróleo tras las modificaciones constitucionales). Entre 5 y 111 pesos por hectárea cedida, amén de que “las compañías mineras cuentan con un marco jurídico de excepción, que les permite pagar sólo 0.3 por ciento de impuestos directos a la producción, ‘una cifra ínfima’, si se compara con el 71.1 por ciento con que se grava la extracción de hidrocarburos´. Sus utilidades por ello, detalló, son de 93.5 por ciento”, amén de que la supuesta autoridad les permite violar la ley, contaminar regiones, mantener a los trabajadores con bajos salarios y pésimas condiciones de seguridad y llevarse la mayor parte de la riqueza fuera del territorio nacional (La Jornada, Andrea Becerril), sin olvidar la feroz persecución sindical. Pero de todo ello sólo se dieron cuenta dos décadas después.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, ¿dónde quedó el compromiso 61 de los abajo firmantes del Pacto por México?, aquel que asegura la expedición de una nueva ley minera “que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción…” Entonces, ¿como para cuándo?

Twitter: @cafevega

D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com