a sido encarcelado el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, casi ocho años después de que comenzó a abusar de niños indígenas en Oaxaca (cuando menos 45 casos conocidos), y a cuatro años y medio de que el tema fuera expuesto y abundantemente demostrado ante el arzobispo José Luis Chávez Botello (quien redobló la protección a ese depredador sexual e intensificó el hostigamiento y castigo contra los religiosos denunciantes, nueve párrocos y un diácono).

El pasado 22, en reunión de temporada con periodistas oaxaqueños, el arzobispo Chávez Botello hubo de responder a preguntas sobre la orden de aprehensión girada por el juzgado séptimo de lo penal en la entidad y cumplida por la policía del gobierno de Gabino Cué, según notas publicadas en algunos diarios locales. Durante años, el jefe religioso regional había defendido con enjundia al sacerdote acusado de abusar de niños y jóvenes de zonas indígenas de Oaxaca. Chávez Botello no aceptaba ningún cargo contra el cura Silvestre Hernández, quien más de una vez había asegurado que tenía una gran cercanía personal con el arzobispo. Ahora, frente a acciones de la justicia civil que encontró indicios de lo que él nunca logró ver, a pesar de que se le hicieron llegar detallados testimonios y pruebas, el mismo Chávez Botello aseguró que la Iglesia católica no ha entorpecido la aplicación de la ley en cuanto a Silvestre Hernández y que, en todo caso, facilitaría que hubiera sanciones justicieras contra quien las mereciera (http://bit.ly/1ijFrtc).

Será necesario confirmar que se está en presencia de un genuino y plausible esfuerzo justiciero en Oaxaca, y no de una tragicomedia de apariencias montada a partir de cargos menores, enderezados intencionalmente con base en pruebas débiles o con fisuras y coartadas procesales sembradas oportunamente para facilitar más delante la libertad del indiciado y su eventual declaración de absoluta inocencia. En Oaxaca hay entendimientos complicitarios entre segmentos del gobierno de Cué y la todopoderosa élite clerical. Pero el avance de este caso tuvo también la participación decorosa de quien fue agente del Ministerio Público, Leticia Cruz, de la subprocuradora Iliana Hernández y del ex procurador estatal de justicia, Manuel de Jesús López.

La aprehensión del sacerdote Silvestre Hernández es muy relevante por la posibilidad de castigo a un cura pederasta, pero de manera especial porque ha permitido desnudar el vigoroso sentido de protección institucional que las más altas autoridades de la Iglesia católica tienen para con uno de los suyos, acusado de abusos sexuales no sólo por las comunidades a las que fue enviado y por los gobiernos municipales, sino, sobre todo, por sacerdotes en activo que decidieron escuchar las quejas de feligreses y darles cauce ante oídos superiores no sólo tapiados, sino incluso vengativos.

En 2009, diez de estos religiosos denunciaron personalmente ante el arzobispo Chávez Botello los sucesos que se venían produciendo desde 2006, pero éste prefirió desoír las quejas, mover al acusado de parroquia en parroquia (esparciendo el daño) y tratar de descalificar y desanimar a los curas comprometidos con su conciencia. El Vaticano también fue puntualmente informado, a través de la Congregación para la Defensa de la Fe. En todas las instancias se trató de diluir el asunto, sin castigo al pederasta más que su retiro del ejercicio sacerdotal directo y su mantenimiento a buen resguardo, ya cuando el tema era público, confinado a estar en oración. El asunto había sido revelado como nota principal en primera plana de La Jornada el 4 de junio de 2012, bajo la firma de un tecleador astillado y con el título Abusó cura pederasta de al menos 45 niños indígenas de Oaxaca (http://bit.ly/1c9zoin).

En este camino hubo diversas acciones contra los religiosos denunciantes. Al principal oidor de las víctimas, el sacerdote Apolonio Merino, lo dejaron sin parroquia, al igual que a los también sacerdotes David Elías Mendoza y Leoncio Hernández. Al diácono Ángel Noguera lo expulsaron de todo ministerio. Noguera fue el primero que oyó a las víctimas e informó al obispo cuando tenía a su cargo la primera parroquia agredida (Camotlán), Leoncio fue antiguo párroco de la segunda parroquia donde se dió la agresión sexual contra niños (Villa Alta). Además de estos cuatro, sostuvieron las denuncias los siguientes párrocos: Juan Ruiz Carreño, Guillermo Velázquez Gordillo, Juan Antonio Jiménez, Jorge Pérez García, Miguel Ángel Morelos García, Sergio Herrera Arias y Manuel Arias Montes.

Una detallada explicación de este caso puede ser leída en la apelación presentada por los diez párrocos y el diácono en noviembre de 2011 ante la Congregación para la Defensa de la Fe (http://bit.ly/1jN9gDW). En ella se detalla la conducta siempre protectora del arzobispo Chávez Botello para con el acusado de pederastia, Gerardo Silvestre Hernández. En uno de los puntos denunciados al Vaticano se señala que El Señor Arzobispo Chávez Botello supo de la comprobada homosexualidad del P. Silvestre desde que el equipo formador del Seminario, después de los escrutinios, le informó sobre esa inclinación del entonces solicitante al presbiterado, Diac. Gerardo Silvestre, opinando que no debía ser ordenado. Con todo y esta información decidió ordenarlo. Un sacerdote que era miembro de ese equipo formador puede atestiguarlo.

Muchos años después, luego de abusar sexualmente de decenas de niños indígenas, de dividir comunidades y desprestigiar a su iglesia, el sacerdote en mención, siempre cuidado por el arzobispo, ha sido encarcelado. ¿Habrá justicia esta vez, o todo será una nueva maquinación simulatoria?

Y, mientras esta sección saltarina entra a un necesario periodo de recarga de baterías, dejando de publicarse durante dos semanas, para reanudar faenas tecleadoras a partir del próximo lunes 13 de enero, ¡feliz fin de semana, feliz Año Nuevo y mucho ánimo y fuerza para 2014! ¡#PosFelicidades!

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