Guatemala, 22 de mayo.

Indígenas sobrevivientes de las matanzas cometidas por el ejército durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996) y activistas de derechos humanos calificaron este miércoles de burla la anulación de la sentencia de 80 años de prisión contra el ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio.

La anulación significa una burla más hacia el pueblo ixil, dijo en conferencia de prensa Ana Laynez, alcaldesa indígena de Nebaj, que junto a los municipios de Chajul y Cotzal forman la región ixil en el departamento de Quiché (norte).

Laynez indicó que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que dejó el lunes sin efecto la histórica condena emitida el 10 de mayo y retrocedió el juicio a una etapa anterior, es una indignación y una muestra del racismo hacia los pueblos indígenas de Guatemala.

Es lamentable y repudiamos este caso, y como pueblos (indígenas) vemos que la justicia en Guatemala está secuestrada por el poder económico, político y militar, agregó el líder y sacerdote maya Manuel Vail, en la rueda de prensa.

Vail añadió que la CC cometió un error y explicó que desde la visión de los pueblos indígenas de Guatemala (Maya, Xinka y Garífuna) la justicia se volvió una mercancía.

Podrán revocar una sentencia, pero no podrán revocar esa mancha que llevan en la conciencia y esa vergüenza de Guatemala ante el mundo, mencionó.

Ríos Montt, de 86 años, recluido en un hospital militar, había sido condenado a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes contra la humanidad como responsable de la masacre a manos del Ejército de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el Quiché, durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983.

La CC ordenó que el juicio regresara al punto en que quedó el 19 de abril, cuando una Sala de Apelaciones ordenó suspenderlo al acoger un amparo de la defensa de Ríos Montt.

Este miércoles una segunda terna de jueces se inhibió de conocer un recurso legal, cuya resolución es necesaria para reactivar el juicio contra el exdictador, por lo que el proceso está por el momento estancado.

Con esta decisión (anular la condena) se produce un gigantesco agravio a las víctimas y sobrevivientes que han creído en el sistema de justicia (...). Esta resolución tiene un solo nombre: impunidad, mencionó el activista Edwin Canil.

Varios de los indígenas que testificaron en el juicio están decepcionados por la falta de seriedad en el proceso, añadió el activista del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

Canil también denunció que exparamilitares partidarios del general golpista hostigan a los sobrevivientes ixiles de las masacres, por lo que acudieron a la estatal Procuraduría de los Derechos Humanos para solicitar su intervención y evitar la confrontación.

Héctor Reyes, abogado de las víctimas, indicó que tras la resolución que anuló el fallo iniciaron acciones legales ante la corte constitucional para que emita una resolución clara y sin ambigüedades para determinar qué pasará con el proceso.

El ilegal fallo de la Corte de la Constitucionalidad atenta contra el estado de Derecho, afirmaron en un comunicado al menos 72 organizaciones humanitarias que han acompañado el juicio que había convertido a Ríos Montt en el primer exgobernante latinoamericano condenado por genocidio.

La sociedad guatemalteca y el mundo entero, nuevamente son testigos de la impunidad en el país, detalla el boletín de prensa.

Para el próximo viernes, activistas de derechos humanos y víctimas de las masacres anunciaron una marcha para repudiar la anulación de la sentencia que recorrerá varias calles desde una zona exclusiva en el sur de la capital hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad en el centro histórico.

El régimen de facto de Ríos Montt fue uno de los más cruentos de la guerra civil (1960-1996) en Guatemala, la cual dejó 200 mil muertos y desaparecidos, según la Organización de Naciones Unidas.