a Procuraduría General de la República (PGR) consignó ayer ante un juez federal a 13 presuntos participantes en el secuestro de dos menores de edad. Los acusados fueron detenidos el pasado fin de semana en Oaxaca y entre ellos se encuentran dos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En las últimas horas, estas detenciones han propiciado deslindes de la cúpula del sindicato magisterial, así como protestas y denuncias por supuestas irregularidades cometidas en la detención, y violaciones a los derechos humanos de los inculpados.

Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o la inocencia de los detenidos, debe señalarse que el episodio plantea una intersección entre las tareas de procuración de justicia del Estado mexicano y uno de los principales problemas sociopolíticos de la actual coyuntura: el conflicto magisterial que se desarrolla en distintas partes del territorio, derivado de la inconformidad de los docentes ante la conducción de la política educativa del país y del rechazo a la reforma constitucional en la materia recientemente aprobada y promulgada.

En tal circunstancia, la correcta actuación de las autoridades ministeriales, que de suyo debe estar regida por los principios de transparencia, apego a la legalidad y solidez en la construcción de los expedientes acusatorios, adquiere relevancia mayúscula. La estricta pulcritud procesal, el pleno respeto a las garantías individuales de los inculpados, la búsqueda exhaustiva de la certeza jurídica y la máxima transparencia de cara a la sociedad son elementos imprescindibles si que quiere evitar que, en el caso que se comenta, se rompa la delgada línea que divide lo judicial de lo político, y la imagen y credibilidad del conjunto de la institucionalidad del país acusen, con ello, un deterioro adicional en la opinión pública.

Tal señalamiento resulta tanto más pertinente ante el recuerdo fresco del nivel de descomposición y parcialidad a que fueron llevadas las instancias de procuración de justicia durante las dos administraciones federales panistas, las cuales se caracterizaron por el uso faccioso de la ley, por la conversión de las procuradurías en instrumentos de golpeteo político y de persecución de las disidencias, por la manipulación de pruebas, documentos y testimonios y por la invención de acusaciones y la fabricación de culpables.

En suma, en el episodio comentado no sólo está en juego el destino jurídico de los detenidos y el acceso de las víctimas a la justicia, sino también, en buena medida, la posibilidad de comenzar a revertir el gravísimo deterioro que padecen las instituciones de seguridad y justicia del país o de profundizar ese declive hacia un punto de no retorno. Cabe esperar, en suma, que las autoridades ministeriales y judiciales involucradas en el caso tomen conciencia de ello y actúen con total apego a la ley y con particular cuidado.