a trama de corrupción conocida como el caso Gürtel –un expediente de pagos irregulares a decenas de dirigentes del Partido Popular (PP) con recursos procedentes de donaciones empresariales indebidas– alcanzó ayer al ex presidente español José María Aznar, luego de la revelación de que uno de los referidos pagos –cercano a 32 mil 500 euros– fue para financiar la boda de una de sus hijas, en septiembre de 2002 en el monasterio de El Escorial.
El episodio se suma al rosario de escándalos por fraudes y malversaciones que en meses recientes han salpicado al conjunto de la clase política y la institucionalidad española, incluida la familia real. Mientras en el marco del caso Gürtel se siguen destapando operaciones millonarias por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas –algunas de las cuales involucran al actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy–, se multiplican las evidencias de la implicación de Cristina de Borbón –hija del rey Juan Carlos– en el entramado de corrupción armado por su marido, Iñaki Urdangarin.
La corrupción en España no es, sin embargo, un problema reciente, ni es privativo de un partido político o de nivel de gobierno en particular. Al contrario, dicho flagelo ha afectado a regímenes nacionales y comunitarios emanados tanto del PP como del PSOE en distintos momentos de la transición, en una línea que va desde el caso Rumasa –la expropiación y posterior quiebra, en tiempos del socialista Felipe González, de un conglomerado empresarial propiedad de la familia Ruiz-Mateos, luego de años de manejos irregulares– hasta los referidos escándalos protagonizados por Bárcenas y Urdangarin.
La persistencia y agudización de dicho flagelo en el presente, cuando el gobierno de Rajoy enfrenta una exasperación social sin precedentes por la destrucción del estado de bienestar operada desde el poder público, hace particularmente incomprensible el empeño de la clase política española y de buena parte de la sociedad por fingir que en el país ibérico prevalece una normalidad democrática y un pleno estado de derecho. Tal desfase entre la realidad y la percepción de los gobernantes queda exhibido, por lo demás, en el contraste entre el dispendio y el boato con que se regala la clase política española y el anuncio de medidas adicionales de sacrificio de las mayorías, como el recorte salarial a cientos de miles de empleados municipales con el supuesto fin de ahorrar unos 870 millones de euros en 2014 y 2015.
En el plano internacional, la circunstancia que enfrenta la España contemporánea desacredita las descalificaciones y los insistentes señalamientos de gobiernos y medios ibéricos en torno a la presencia de corrupción y otros rezagos culturales, sociales y económicos en países de América Latina.
Sin desconocer la presencia de ese tipo de flagelos en la región, es claro que la antigua metrópoli difícilmente puede presentarse como punto de referencia para sus ex colonias: el supuesto desarrollo económico alcanzado por la nación ibérica en los años posteriores a la dictadura resultó una ficción, como lo demuestra la aguda crisis del momento actual, en tanto que la pretendida madurez institucional y democrática tan pregonada por los gobernantes de Madrid queda en entredicho ante la corrupción y venalidad en que se encuentran inmersos las entidades y los funcionarios que componen el orden institucional legado por la transición que se inició, hace más de tres décadas en el país europeo.
