La Paz, 9 de mayo.

Tres policías fueron secuestrados hoy por mineros de Huanuni que proponen un canje por 23 de sus compañeros que fueron detenidos el miércoles, en el contexto de un paro nacional en Bolivia que entró en su cuarto día para exigir un nuevo sistema de pensiones e incremento salarial.

El hecho ocurrió en la localidad de Huanuni, que alberga la mayor mina de estaño, en el departamento de Oruro, donde los policías fueron golpeados y trasladados al interior de una mina, dijo el viceministro del Interior, Jorge Pérez. El sindicato de Huanuni lo que quiere es un intercambio con las personas que fueron arrestadas y puestas a disposición del Ministerio Público por la destrucción con dinamita de un puente en la localidad de Caihuasi, agregó.

La huelga general, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), incluye un bloqueo carretero, y los operativos para los desalojos han dejado en tres días 34 heridos, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Asimismo, fueron detenidas 367 personas, de las cuales 314 ya fueron liberadas, mientras el resto quedará a cargo de la justicia, además de que se decomisaron más de mil cartuchos de dinamita y otros explosivos, 200 metros de mecha, cuchillos y siete vehículos.

Los bloqueos se recrudecieron este mediodía tras haber perdido fuerza por unas horas, luego del repliegue de mineros.

El presidente Evo Morales deploró que algunos grupos quieren asaltar al Estado, en busca de un beneficio personal, sin pensar en los demás, especialmente en los más pobres.

A su vez, el ministro del Trabajo, Daniel Santalla, llamó al diálogo a la directiva de COB, este jueves, sobre los cambios a la ley de pensiones, pero pidió que se suspendan los bloqueos.

El dirigente sindical José Luis Delgado dijo que la COB hará una evaluación del estado de la huelga en la medida en que varios sectores se van sumando a la protesta, mientras el secretario de Finanzas, Oscar Tapia, adelantó que a partir de mañana los trabajadores intensificarán sus protestas.

La COB exige una jubilación equivalente al ciento por ciento del salario para todos los trabajadores, solicitud que el gobierno desestimó, con el argumento de que colapsaría el sistema de seguridad social.